La derogación de las denominadas «leyes procrimen» debe convertirse en una prioridad para el Congreso si realmente busca fortalecer la lucha contra la delincuencia organizada y la impunidad en el país. Así lo sostuvo el exministro Gino Costa, a la vez exhortó a la Cámara de Diputados y al Senado a no postergar el debate de estas normas.
La Cámara de Diputados sesiona este 10 de noviembre para debatir tres dictámenes que plantean derogar normas vinculadas a la investigación preliminar, la prescripción penal y la extinción de dominio, consideradas parte del paquete legislativo conocido como ‘leyes procrimen’. Las iniciativas recibieron el respaldo mayoritario de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Costa consideró que eliminar las disposiciones cuestionadas resulta incluso más importante que las medidas legislativas que pueda aprobar el Poder Ejecutivo mediante facultades delegadas, debido a que, desde su perspectiva, las actuales normas dificultan la persecución de organizaciones criminales y delitos de corrupción.
Así destacó, la restitución de la extinción de dominio, la recuperación de la conducción de las investigaciones preliminares por parte del Ministerio Público y la derogación de la denominada «Ley Soto». Uno de los principales planteamientos respaldados por Costa es restablecer la autonomía del mecanismo de extinción de dominio, herramienta que permite al Estado recuperar bienes y activos vinculados con actividades ilícitas.
«La restitución de la extinción de dominio es la forma como se recuperan rápidamente los bienes adquiridos ilícitamente por la delincuencia», manifestó, al advertir que los cambios normativos habrían beneficiado especialmente a estructuras de corrupción y criminalidad económica.
Otro de los puntos cuestionados por Costa es la norma que otorgó a la Policía Nacional atribuciones en la conducción de la investigación preliminar. El exministro sostuvo que esta disposición debe revisarse para devolver al Ministerio Público la conducción de las investigaciones, al considerar que corresponde a la Fiscalía dirigir jurídicamente las pesquisas.
«Esa prerrogativa en última instancia le corresponde al Ministerio Público, que es un ente más independiente», afirmó.
Costa también pidió derogar la denominada «Ley Soto», identificada con la Ley 32104, al considerar que las modificaciones relacionadas con los plazos de prescripción penal pueden favorecer a personas investigadas por delitos graves. Según explicó, esta normativa tendría consecuencias en procesos vinculados con narcotráfico, contrabando, extorsión, sicariato, corrupción y lavado de activos.
El exministro cuestionó que las modificaciones sobre prescripción puedan ocasionar el cierre de investigaciones y procesos penales antes de que se establezcan las responsabilidades correspondientes.
En esa línea, exhortó a las agrupaciones políticas que llegaron al Congreso con el compromiso de combatir las denominadas leyes proimpunidad a respaldar las iniciativas de derogación.
«No nos distraigamos. Siendo el debate presupuestal importante, más importante es cumplir con la promesa electoral y el mandato popular de derogar las leyes que favorecían al crimen en lugar de perseguirlo eficientemente», enfatizó.
