El abogado Néstor Pari advirtió sobre las posibles responsabilidades penales que podrían afrontar autoridades regionales y municipales si se concreta la firma del convenio relacionado con el terreno del Fondo Chololo, destinado al desarrollo de un mercado mayorista. Sus declaraciones se producen en medio del rechazo de comerciantes mayoristas y minoristas del Mercado Grau, quienes anunciaron una movilización para expresar su oposición al procedimiento.
Señaló que existen investigaciones fiscales por los presuntos delitos de colusión y negociación incompatible contra el gobernador regional Luis Torres, el alcalde provincial Pascual Güisa, funcionarios municipales y otras personas involucradas en el procedimiento. Sostuvo que la firma del convenio podría agravar el escenario legal, debido a los cuestionamientos existentes sobre la legalidad de las resoluciones y decisiones administrativas adoptadas.
El abogado también indicó que la Procuraduría Anticorrupción presentó una denuncia y que el Ministerio Público viene realizando diligencias para recabar información. Asimismo, informó que interpuso una demanda contencioso-administrativa ante el juzgado civil, a cargo de la jueza Nalvarte, con el propósito de obtener la nulidad de la Resolución N.° 514, al considerar que presenta vicios legales. Según explicó, el consorcio involucrado también fue incorporado al proceso judicial.
Respecto a los presuntos delitos, Pari sostuvo que existirían indicios de concertación entre funcionarios y representantes del consorcio, así como decisiones que habrían favorecido intereses particulares en perjuicio del Estado. En cuanto a la negociación incompatible, señaló que las autoridades habrían utilizado sus cargos para impulsar decisiones que, según su interpretación, serían contrarias al ordenamiento jurídico. Estas afirmaciones corresponden a los cuestionamientos formulados por el abogado y deberán ser esclarecidas por las instancias competentes.
Asimismo, cuestionó que las autoridades municipales hayan continuado con el procedimiento pese a los antecedentes administrativos que, según explicó, advertían sobre la necesidad de paralizarlo. Añadió que la Resolución Ejecutiva Regional N.° 453, emitida el 2 de octubre, declaró la nulidad de la Resolución Ejecutiva Regional N.° 115, situación que, a su juicio, habría sido ignorada antes de que posteriormente se emitiera la Resolución N.° 514.
Pari advirtió que, de concretarse la firma, el terreno podría quedar involucrado en nuevos procesos judiciales, lo que terminaría retrasando su utilización para el proyecto comercial. También consideró que la Fiscalía cuenta con facultades para adoptar las medidas que correspondan frente a los hechos investigados, aunque precisó que las decisiones deberán ser tomadas por las autoridades judiciales y fiscales.
Finalmente, reiteró su respaldo a la posición de los comerciantes que rechazan el procedimiento y cuestionó la actuación de los procuradores por considerar que no estarían defendiendo suficientemente los intereses del Estado. Mientras tanto, los comerciantes mayoristas y minoristas anunciaron que se movilizarán para expresar su oposición a la entrega del terreno a un tercero y exigir que el proyecto del mercado mayorista responda al interés del conjunto de comerciantes.
