Desde las 9:30 de la mañana se reanudó el juicio oral contra el procesado Alberto Fujimori en la sede de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (DINOES) a cargo de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema presidido por el magistrado César San Martín, por los delitos de autoría que se le imputan en los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el grupo paramilitar "Colina" en los casos de Barrios Altos, La Cantuta y Sótanos del Servicio de Inteligencia del Ejército (1991-1992) durante su gestión como mandatario del Perú.
Iniciado el interrogatorio a cargo del Fiscal José Peláez Bardales, el ex jefe de estado se presentó ante la audiencia con su nombre japonés: Kenya Fujimori, asegurando tener doble nacionalidad. Dijo que al recibir el cargo presidencial en 1990 sus principales prioridades fueron el tema económico y el plan de pacificación en el Perú por lo que dispuso la erradicación del terrorismo.
"Yo tomaba decisiones políticas para aplicar directivas, yo no ordeno. Yo daba directivas para hacer, en este caso, una inteligencia efectiva" indicó al aseverar que Julio Salazar Monroe era el presidente del sistema de inteligencia nacional mientras que el asesor de inteligencia era Vladimiro Montesinos, quien aparte de ello sólo se remitía a ser parte integrante del sistema de Defensa Nacional.
Sobre la presencia de Vladimiro Montesinos como su asesor presidencial y el vínculo que los uniría durante todo un decenio, dijo que no recordaba bien quien se lo presentó si fue Francisco Loayza o Santiago Roca luego de la primea vuelta electoral.
Asimismo dijo que Montesinos le brindó no sólo apoyo en el aparato de inteligencia de su gobierno sino también como un respaldo en solucionar problemas legales tras las denuncias patrimoniales aparecidas luego de la segunda vuelta electoral.
Fujimori fue tajante en señalar que haya tenido un vínculo amical con su ex asesor presidencial, expresando además que desconocía a los integrantes del grupo colina , así como la operatividad que desarrollaba este equipo siniestro bajo las órdenes de Santiago Martín Rivas , los cuales fueron perpetraron en Barrios Altos y la Cantuta donde asesinaron a 25 personas.
Como es de conocimiento, la Fiscalía ha solicitado para el inculpado 30 años de pena privativa de la libertad y al pago de una reparación civil de 100 mil nuevos soles a favor de los agraviados de la Cantuta y Barrios Altos y 300 mil a favor de cada uno de los agraviados por el delito de secuestro.
