A un año de las protestas en contra del proyecto de ampliación de la empresa Southern Perú, el alcalde Gerardo Marón Laque indicó que hasta el momento las secuelas que quedaron en el pueblo de Candarave, donde se produjo una violenta represión policial por orden del Ministerio del Interior al mando, en ese entonces, de Oscar Valdés Dancuart, no han sido resarcidas.
Alcalde de la provincia de Candarave, Gerardo Marón Laque
Cumplido un año del violento amedrentamiento que sufrieron los pobladores de Candarave cuando protestaban pacíficamente contra el proyecto de ampliación de la empresa Southern Peru, el alcalde provincial, Gerardo Maron Laque indicó que no han encontrado justicia.
Y es que durante la manifestación de setiembre del 2011, los comuneros que llegaron hasta el campamento de la minera en la Laguna Suches, fueron violentamente reprimidos por la policía que no dudó en dispararles perdigones contra el cuerpo y lanzarles bombas lacrimógenas, ordenada por el titular del interior de ese entones, que prefirió proteger a la Southern que en ese mismo momento realizaba la exposición del Estudio de Impacto Ambiental de su proyecto de ampliación, el cual fue anulado en los siguientes días por ser completamente irregular.
“Nosotros quisiéramos solidarizarnos con todos los hermanos candaraveños que salieron y sufrieron un atropello por parte de la policía nacional que fue ordenado desde Lima y que ha dejado una serie de secuelas, que actualmente no han sido atendidos. Los daños que acontecieron en esa lucha no han sido resarcidos”, dijo el alcade provincial Gerardo Marón.
Asimismo lamentó que la denuncia en contra de los pobladores que resultaron heridos durante las protestas continúe en proceso quizá por el descuido –dice- de los encargados de hacer el seguimiento del caso. Y es que tras los lamentables hechos las autoridades y la comunidad se organizaron en varios grupos con el fin de brindar apoyo a los que se vieron más afectados cuyas unidades vehiculares fueron quemadas y en otros casos baleadas.
“Nosotros para poder trabajar hemos delegado funciones y hemos encargado mediante un documento que el consejero regional tenía que hacer el seguimiento a todas estas denuncias y nosotros poníamos abogados para atender a la población (…) ahora no entendemos porque no se hizo el seguimiento, no se sustentó con los abogados para pode absolver a las personas”, añadió.
