Un eventual indulto a Alberto Fujimori sin que lo amerite sus condiciones de salud, «sería un agravio» contra las víctimas que padecieron la violación de sus derechos humanos, afirmaron la Washington Office for Latin America (WOLA) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).
Rechazo de la población contra Fujimori
Mediante carta enviada al presidente Ollanta Humala, expresaron su preocupación ante el anunciado pedido de indulto y lo exhortaron a que no se ceda a las “presiones” de concederle indulto humanitario, debido a la gravedad de los crímenes por los cuales fue condenado.
En el documento, ambas instituciones internacionales recordaron que Fujimori, presidente del Perú entre 1990 y 2000, fue condenando en varios procesos judiciales que respetaron las garantías del debido proceso y probaron su responsabilidad por una serie de crímenes.
Mencionan, entre ellos, la matanza de 15 personas en Barrios Altos, la desaparición forzada de diez personas de la Universidad La Cantuta, el secuestro del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer; así como varios casos de abuso de autoridad y corrupción.
“El indulto es potestad del presidente de la República. Sin embargo, existen límites en su aplicación, tanto por la legislación nacional peruana como por el derecho internacional”, remarcaron WOLA y Cejil
Por ejemplo, la ley 26478 de 1995 establece que “quedan excluidos del beneficio del indulto los autores del delito de secuestro agravado”, y en el caso de Fujimori, el mismo fue condenado por el secuestro agravado de Gustavo Gorriti y Samuel Dyer, sentencia que fue afirmada en segunda instancia.
Del mismo modo, el derecho internacional prohíbe la aplicación de amnistías, indultos, u otras excluyentes de responsabilidad a personas que han sido encontradas culpables de crímenes de lesa humanidad.
Al respecto, recuerdan que la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró que los crímenes perpetrados en el caso La Cantuta constituyen crímenes de lesa humanidad.
Aunque WOLA y Cejil reconocen que Fujimori es mayor de edad y padece ciertos problemas de salud, recordaron que el indulto humanitario se otorga si es que sufre una enfermedad grave en estado avanzado, degenerativa e incurable; o padecer condiciones carcelarias que ponen en grave riesgo su vida y estado de salud.
“En declaraciones a la prensa, la hija del exmandatario confirmó que su padre no padece una enfermedad terminal. En todo caso, para otorgarse el indulto humanitario tendría que confirmarse, con una evaluación médica rigurosa e independiente, su estado de salud para poder luego tomar cualquier decisión”, refieren.
Además, señalaron que no se puede sostener que las condiciones carcelarias de Fujimori en la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) impidan que reciba el cuidado que pudiera requerir, especialmente porque se encuentra en una instalación construida especialmente para él.
“Si bien el Presidente de la República tiene la potestad de otorgar el indulto humanitario, está a su vez obligado a ceñirse al estado de derecho, y su decisión debe respetar las obligaciones internacionales del Perú”, precisan.
Finalmente, consideran que el juicio y condena a Fujimori fueron un hito en la lucha contra la impunidad en el Perú y en América Latina en general, y por ello, opinan que el gobierno debe afirmar el Estado de derecho en el Perú y no ceder ante presiones que desconocen la legalidad nacional e internacional en esta materia.
Suscriben el pronunciamiento la directora ejecutiva del WOLA Joy Olson y las asesoras principales Jo-Marie Burt y Coletta Youngers, así como la directora ejecutiva del Cejil, Viviana Krsticevic.
El documento fue entregado al presidente de la República, Ollanta Humala, y autoridades como el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor; el embajador peruano en Estados Unidos, Harold Forsyth; al presidente del Congreso, Víctor Isla; a la ministra de Justicia, Eda Rivas; al fiscal de la Nación, José Peláez; al presidente del Poder Judicial, César San Martín; entre otros.
Cortesía:Andina
