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APRODEH respalda decisión de justicia chilena de ampliar extradición de Fujimori por «Diarios Chicha»

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Miguel Jugo señaló que Fujimori aun tiene mucho que responder por este y otros casos que quedan pendientes.

Miguel Jugo, representante de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)

Para el representante de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), Miguel Jugo, se mostró conforme con la decisión de la Justicia chilena que hoy confirmó que ampliará la extradición del  expresidente peruano Alberto Fujimori sentenciado a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad. Este hecho permitirá que la justicia peruana abra un nuevo proceso contra el exmandatario  respecto al  caso de los  “Diarios Chicha” donde se investiga el desvío de fondos públicos a medios de comunicación populares usados para la reelección en el año 2000.

“Recordemos que Fujimori dijo que se había ido a Chile porque si confiaba en la justicia chilena y no en la peruana. Y en ese sentido la justicia chilena ha señalado que un caso tan grave como los diarios chicha, donde los compró y los utilizó contra sus adversarios políticos, sea visto aquí en el Perú, eso es muy importante (…) todavía hay otros casos  más que están en cancillería y obviamente Fujimor tiene mucho que responder sobre todas esta situaciones”, dijo. 

En el caso de los “Diarios Chicha”, Fujimori es acusado de conocer y permitir el desvío de fondos públicos hacia las referidas publicaciones como parte de su campaña de reelección del año 2000.Fue su exasesor Vladimiro Montesinos quien confesó el hecho.

Inicialmente, la justicia chilena incluyó este caso a mediados de setiembre de este año, pero los defensores del expresidente peruano presentaron una apelación.
En el fallo, la Corte Suprema determina que: “Respecto del denominado ‘Caso Diarios Chicha’, los hechos por los cuales se ha formalizado el pedido consisten en que para la campaña de reelección del expresidente para el período 2000 al 2005 se dispuso el manejo de los medios de prensa escrita.

«Y para el financiamiento de dicho objetivo, los ex comandantes generales de las Fuerzas Armadas, por órdenes del exasesor presidencial y del requerido Alberto Fujimori Fujimori, desviaron fondos de los institutos de la Fuerza Aérea del Perú y Ejército Peruano al Servicio de Inteligencia Nacional, bajo la modalidad de gastos reservados”.

Según la sentencia, “existe una desviación o sustracción de fondos del Estado ordenada por la máxima autoridad política encargada de la gestión, administración e inversión de sus fondos, para fines no públicos, sino de su propio y particular interés político, lo cual encuadra en el delito que sanciona el artículo 233 antes transcrito…».

«Que en tal entendimiento y dado el monto de los fondos así sustraídos, hasta ahora, aproximadamente 122 millones de nuevos soles, resulta aplicable la penalidad contenida en el número 3 de la disposición citada, de manera tal que el plazo de prescripción aplicable en tal evento, atendido lo dispuesto en el artículo 94 del Código Penal, es de diez años”, añadió.

En setiembre de 2007, la Corte Suprema accedió a la extradición del expresidente Fujimori por diversos delitos de violaciones a los derechos humanos y corrupción.