Tras sostener un reunión en la sede de alcaldía las autoridades y representantes de la sociedad civil acordaron suscribir el documentos descartando que se convoque a la población a acatar medidas de fuerza. Asimismo anunciaron que izaran el pabellón en el centro cívico en señal de protesta.
Rafael Vargas, consejero regional de Tacna.
Reunidos en las instalaciones de la municipalidad provincial de Tacna, el alcalde Fidel Carita informó a las autoridades y representantes de la sociedad civil que no hubo respuesta de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) concluido el plazo de 8 días que les dieron para que oficializaran la mesa de trabajo.
El consejero regional Rafael Vargas Málaga sostuvo que se trata de un desaire a la población tacneña y por lo tanto acordaron reunirse mañana a las 9:30 a.m. para suscribir un pronunciamiento dirigido al presidente de la república Ollanta Humala Tasso.
“En principio vamos a manifestar nuestra disconformidad por falta de respuesta. En segundo lugar ratificar que nuestra posición no es en absoluto contraria a la inversión privada en el sector minero sino está orientada a determinar que esta inversión no ponga la salud o la vida según corresponda de la población de Tacna. En tercer lugar proponer algunas medidas concretas de orden técnico y legal que coadyuven sobre esa base establecer una mesa de diálogo en la que se pueda resolver el tema, esos van a ser nuestros planteamientos y ya dependerá del presidente de la república tomar las medidas adecuadas, o por lo menos comunicarle a Tacna su percepción particular como jefe de estado y proponer los espacios o las medidas que sean más convenientes para que esta medida no llegue a mayores”, sostuvo. }
Por su parte el alcalde provincial de Tacna, Fidel Carita Monroy anunció que a las 10:00 a.m. izaran en pabellón en el centro cívico en señal de protesta.
Los alcaldes y representantes del Ministerio de Energía y Minas debían reunirse para tratar el inicio de operaciones del proyecto Pucamarca de Minsur. La cita no pudo concretarse y las autoridades junto a la sociedad civil acordaron dar ocho días al gobierno para que instale la mesa de trabajo regional.
