El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Álvarez, planteó hoy la convocatoria de un nuevo concurso público para elegir a miembros del organismo constitucional, o que la sociedad civil proponga nombres de juristas de reconocida trayectoria.
Cuestionó que el Congreso de la República hasta el momento se haya visto impedido de elegir a seis de los siete integrantes del Tribunal, cuya gestión de cinco años ya se cumplió y que se mantienen en el cargo a falta de la elección de sus reemplazantes.
Ante esa situación, declaró que existen dos fórmulas de “fácil instrumentalización” para salir del entrampamiento en que se encuentra el Poder Legislativo y así seleccionar a los nuevos integrantes del TC.
“La primera es permitir que la sociedad civil proponga, ante la comisión pertinente del Congreso, nombres de personas que por su trayectoria académica y profesional, puedan ser de fácil consenso. Estamos hablando de un Domingo García Belaunde, Raúl Ferrero, Oswaldo Kresalja”, mencionó.
Recordó que la reforma del marco legal para seleccionar a los postulantes tenía como objetivo evitar que las bancadas parlamentarias designen “a sus abogados de cabecera o a los exasesores de cada bloque legislativo”.
Álvarez indicó que la finalidad era invitar a personalidades del mundo académico, y que podrían honrar al Estado como servidores públicos en el Tribunal Constitucional.
“Lo segundo es regresar a la tónica del concurso porque, durante el verano, puede realizarse perfectamente un concurso público y en marzo recibir la nueva legislatura con una relación de 15 a 20 postulantes con trayectoria adecuada”, precisó.
Agregó esa relación de candidatos debe ser sometida a votación de la representación parlamentaria, en una lista cerrada, para evitar vetos de alguna bancada.
El titular del TC rechazó, en todo caso, la posibilidad de delegar el trabajo de selección al Consejo Nacional de la Magistratura, al considerar que los miembros del Tribunal no deben ser evaluados únicamente bajo un criterio técnico o jurídico.
“Un magistrado del Tribunal, por la misma naturaleza de la interpretación constitucional, tiene un componente político, por tanto, son representantes de las corrientes políticas mayoritarias en el país”, acotó.
Cortesía: Andina
