Miguel Jugo secretario ejecutivo adjunto de la coordinadora de Derechos Humanos (DD.HH)señaló que al haberse declarado que no se perpetró crímenes de lesa humanidad en la matanza ocurrida en el penal El Frontón, en 1986, existiría la posibilidad de que el delito prescriba dejando sin sanción a los personajes implicados en el crimen.
Miguel Jugo, Secretario Adjunto de la Coordinadora de Derechos Humanos.
Luego que el Tribunal Constitucional declarara que el el motín en el penal de El Frontón, donde murieron unos 133 internos, no constituye un crimen de lesa humanidad porque fue un hecho aislado en respuesta al levantamiento contra la autoridad, Miguel Jugo secretario ejecutivo adjunto de la coordinadora de Derechos Humanos (DD.HH) indicó que hay una clara intención de un sector del tribunal para beneficiar a determinados personajes que intervinieron en el caso.
“Esta pretensión que tienen las personas que presentaron este habeas corpus va por el criterio, de decir, que al no ser un delito de lesa humanidad hay la posibilidad de que prescriba, porque desde el año 86 hasta la fecha han pasado bastantes años. Pero como digo quien va a definir esta situación es el propio tribunal y tendrá que hacerlo en consideración no solo de esta resolución sino de resoluciones anteriores donde ya el TC ha fallado como delito de lesa humanidad”, manifestó en comunicación telefónica con RADIO UNO.
Agregó que “aquí no se acaba todo” porque hay otros caminos para llegar a la justicia. “Y otro tema adicional es que este proceso no se inició porque un juez o fiscal peruano tuvo una iniciativa, esto viene por una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (…) en ese sentido los abogados de Ideele y Aprodeh que están llevando la causa seguramente van a interponer algunas acciones ante la Corte señalando las dificultades que existe en el foro nacional“, señaló.
FALLO
En su fallo el colegiado precisa que el Poder Judicial efectuó una indebida calificación de los hechos, ya que no existen pruebas que indiquen que existió una intención premeditada del gobierno de Alan García de acabar con la vida de los presos.
Además determina que tampoco “puede ser entendido como un ataque generalizado o sistemático contra la población civil”, hecho que impide que sea calificado como crimen de lesa humanidad.
Finalmente la sentencia del TC declara que los sucesos “no fueron organizados u ocasionados por el Estado o alguna de sus dependencias, sino por los internos del centro de reclusión, quienes se amotinaron, motivando la reacción del Estado”.
