Como una «maniobra» contra el inicio del juicio oral por los llamados «diarios chicha» que no evitará una sentencia, consideró hoy el procurador anticorrupción, Julio Arbizu, el anuncio de Alberto Fujimori de recusar a los integrantes de la sala que procesarán al exmandatario el próximo 17 de octubre.
Procurador Anticorrupción, Julio Arbizu. (Foto: Internet)
«El abogado debe sentirse bastante nervioso por la cercanía del juicio oral y está tratando de postergar su inicio, no veo que haya ninguna razón fundamentada para recusar a los integrantes de la sala, son magistrados con una trayectoria limpia y honesta», manifestó a la Agencia Andina.
Arbizu consideró, que no hay razones objetivas para que se acepte la recusación y que así lo harán saber cuándo se les corra traslado del pedido.
Fujimori, a través de su cuenta de twitter, anunció que su abogado William Paco Castillo, recusará a tres magistradas de la Cuarta Sala Penal Liquidadora «por prejuicios» que, según dice, tienen hacía su persona.
De otro lado, el procurador Arbizu precisó que en el caso por los «diarios chica» está probado que se desvió recursos públicos hacia el entonces Servicio Nacional de Inteligencia (SIN) controlado por Vladimiro Montesinos, para pagar a un grupo de medios de comunicación.
«Lo que faltaba verificar es quién daba la orden para ese desvío y lo que quedó claro, con las manifestaciones de los testigos, de los inculpados e incluso de Montesinos, es que fue Alberto Fujimori», quien cumple condena de 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad y corrupción, puntualizó.
Arbizsu recordó además que los testigos dijeron era el propio Fujimori quien daba el visto bueno a los titulares que se publicaban en la «prensa chicha» en una campaña de descrédito contra sus opositores y a favor de su reelección.
«De modo que quien diga que la acusación contra Fujimori carece de argumentos, está tratando de condicionar a la opinión pública. Lo que debe haber inexorablemente en este caso es una nueva condena por delito de corrupción», destacó.
Señaló que el Ministerio Público ha pedido una condena de ocho años de prisión para Fujimori por este hecho, la máxima por el delito de peculado. La procuraduría, por su parte, ha pedido una reparación civil de 244 millones de soles.