La Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, reiteró la responsabilidad del Estado peruano en el caso de los asesinatos del dirigente de la Federación Minera, Saúl Cantoral Huamaní, y de la activista social Consuelo García Santa Cruz, y desestimó así una demanda de interpretación presentada por el Estado.
Esta nueva sentencia de la CIDH, que fue dada a conocer este miércoles 5 de marzo, se emitió en respuesta a la demanda de interpretación que planteó el Estado el 31 de octubre del año 2007, a través de su representante Luis Alberto Salgado sobre "la aplicabilidad de un recurso de revisión" de la sentencia que responsabiliza al Estado por la muerte de ambos ciudadanos.
Cabe remarcar que el 10 de julio del año pasado, la CIDH se pronunció sobre el caso Cantoral-García, señalando la responsabilidad del Estado en ambos actos criminales, y exigiendo que se tomen las acciones pertinentes para investigar, identificar y sancionar a los responsables, así como que se repare a los familiares de las víctimas.
En dicha sentencia también se considera la hipótesis de que los autores del crimen ocurrido el 13 de febrero de 1989, hayan sido agentes estatales, que actuaron durante el primer gobierno de Alan García, en cuyo gobierno la Federación Minera de la cual Cantoral Huamaní fue su secretario general, realizó contundentes huelgas nacionales en defensa de sus derechos laborales.
En opinión de la Asociación Pro Derechos Humanos, APRODEH, la reiteración de la sentencia emitida por la CIDH, es de mucha trascendencia, no solo porque se ratifica la responsabilidad del Estado, sino porque exige que se tomen las medidas del caso para evitar que los responsables de los asesinatos queden impunes.
Por lo tanto, se mantendrá al tanto de las acciones que se tomen en este sentido, pues en los 19 años que han transcurrido desde que ocurrieron los hechos ha sido evidente no solo la falta de interés en investigar el caso, sino la serie de obstáculos que han impedido que se haga justicia.
