La Comisión Agraria del Congreso de la República continuó debatiendo el proyecto de ley que propone establecer un Programa de Reestructuración de la Deuda Agraria (PREDA) destinado a crear los mecanismos necesarios para solucionar el problema de las deudas vencidas que afecta a 1,191 agricultores, por un monto que alcanzaría los 566 millones de dólares.
En su sesión del martes 25, el presidente de ese grupo legislativo, Franklin Sánchez Ortiz (PAP), explicó que el predictamen proponía resolver el problema de la deuda de los agricultores con el Estado, y exhortó a su aprobación para que estos se encuentren en condiciones de competitividad en vísperas de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio (TLC) suscrito con Estados Unidos de América.
Sin embargo, el congresista José Carrasco Távara (PAP) fue el primero en cuestionar la constitucionalidad del proyecto dado que proponía legislar sobre deudas contraías por personas particulares con la banca privada, al disponer la extinción parcial de la deuda a los primeros 10 mil nuevos soles; y refinanciar las deudas superiores a ese monto en un plazo máximo de tres años.
El legislador aprista propuso, por el contrario, que el Estado otorgue los fondos necesarios al Banco Agrario para que éste compre las deudas de los agricultores y así estos vuelvan a ser sujetos de crédito.
A su opinión se sumó la de David Waisman (AP), quien además cuestionó que en el predictamen no se informara sobre el monto de las deudas, la cantidad de agricultores deudores, razones por las cuales se acumularon, entre otros conceptos.
Waisman propuso invitar a representantes de las financieras involucradas en la reestructuración de la deuda agraria, para conocer sus propuestas y lograr la refinanciación de estas en forma directa.
En esta instancia, la Comisión escuchó la exposición de Elizabeth Martínez, presidenta de la Comisión de Agricultores del Norte, quien hizo una serie de propuestas que serán consideradas para perfeccionar el texto de la norma, conforme lo anunció el titular de la Comisión.
De otro lado, la Comisión acordó dejar en suspenso la aprobación del proyecto que proponía establecer el marco legal para promover el aprovechamiento de las restingas o tierras inundables, tras escuchar las propuestas que al respecto hicieran tres dirigentes de igual número de entidades relacionadas con el tema.
Se trató de Luis Campos Baca, presidente del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP); Danny Nugkusg Cabrera, de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), y Antolín Huáscar Flores, presidente de la Confederación Nacional Agraria (CNA).
El primero de ellos hizo varias propuestas para modificar el texto del predictamen; y los segundos, coincidieron en la necesidad de que se consultara a las comunidades nativas y a las autoridades locales su opinión sobre la concesión de esas tierras.
La iniciativa definía las restingas como zonas aledañas a los ríos de la selva baja, donde se forman depósitos sedimentarios, originados por la creciente y el desbordamiento del cauce de los ríos y que en época de estiaje o de vaciante se convierten temporalmente en tierras aptas para el cultivo de determinadas especies vegetales
