Para el ex consejero Rafael Vargas, llama la atención que una decisión de tal importancia se haya tomado con tal facilidad. Entre los que salvaron de la sanción figura el hermano del Gobernador Regional, Omar Jiménez.
Ex consejero regional, Rafael Vargas.
Vargas cuestionó que el Gobierno Regional mediante resolución gerencial N° 046 emitido el pasado 18 de marzo por el gerente general Gabriel Rejas, se declare nulo y sin efecto el proceso de investigación y sanción por el proceso ilegal de la entrega de un terreno de 90 hectáreas para cuatro asociaciones de vivienda.
Los sancionados eran el exdirector de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Gobierno Regional de Tacna, Guillermo Jiménez, hermano del gobernador regional de Tacna, Omar Jiménez; exgerentes del GRT Pedro Vargas, Manuel Velásquez, Sinadelia Soto y Andrea Chaparro exjefas de OEABI.
‘‘Llama la atención que con tal agilidad se tome una decisión tan trascendental, estamos hablando de 90 hectáreas, casi un millón de metros cúbicos cuadros, se está perdiendo casi un millón de soles’’, expresó el ex consejero regional Rafael Vargas.
Si bien crea suspicacia que el hermano del Gobernador Regional haya sido absuelto, para Vargas no es la vinculación familiar lo importante, ‘‘lo trascendental es el informe aclaratorio al que se refiere la resolución gerencial general que firma el señor Rejas por delegación del Gobernador Regional.
En el documento se amparan que la entrega provisional de terrenos se puede dar a privados hasta el 3 de junio del 2012, y en el caso sería en abril del mismo año.
‘‘Me llama la atención que una entidad del nivel de la superintendencia de Bienes Nacionales, la dirección de normas y registros aclare algo tan torpe’’, comentó.
Por su parte Guillermo Jiménez – en breve declaración- criticó a Vargas. ‘‘llevo tres años siendo difamado por Vargas’’, expresó.
APERTAC
El proceso administrativo disciplinario en contra de los señalados se inició en agosto del 2013 por la entrega de 90 hectáreas de terrenos a cuatro asociaciones de microempresarios (Apertac 35has, Santa María 30has, Camino del Norte 15has y Villa Albarracina 10has) y en un año debió disponerse las sanciones de suspensión a los investigados, pero fueron apeladas entre setiembre y octubre del año pasado.
Los investigados alegaron en su defensa que no cometieron actos irregulares para declarar viable la entrega provisional de los terrenos para las asociaciones.
Sin embargo, según Vargas, de acuerdo a ley no se puede entregar terrenos del estado a privados. Una entrega provisional puede realizarse solo entre instituciones públicas, dijo. Teniendo en cuenta esto, la acción es ilegal, aseveró.
NEGOCIADO. Recordó que los terrenos fueron objeto de ventas millonarias en favor del dirigente Wilfredo Sosa Arpasi. El consejero mostró una constancia de venta firmada por Sosa por un valor de 50 mil soles, ello como ejemplo del gran movimiento financiero al cual tenía acceso mediante el -presunto- tráfico de terrenos.
SE DEFIENDE. Al respecto el aludido, negó todas las acusaciones. Alegó que el deposito tuvo como concepto de factibilidad económica de los interesados.
