Javier Jahncke mostró su preocupación porque la Comisión de Pueblos Andinos aprobó la iniciativa legislativa planteada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Secretario Ejecutivo de la Red Muqui, Javier Jahncke.
El Secretario Ejecutivo de la Red Muqui, Javier Jahncke, advirtió que se avecina un «cuarto paquetazo ambiental» con la posible aprobación del proyecto de ley 3941, cuyo dictamen fue aprobado recientemente en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología.
En diálogo con RADIO UNO explicó que la referida iniciativa pone en riesgo el derecho a la posesión de las tierras que tienen los pueblos nativos y campesinos (de la costa, sierra y selva), pues la referida norma promueve el otorgamiento de manera indiscriminada de derechos de servidumbre o derecho de vía de terrenos eriazos al sector empresarial. Es decir, se puede entregar a una empresa privada (minera o de cualquier rubro) la potestad de usar un predio e impedir que su propietario ejerza su derecho.
«Lo que hacen es afectar directamente el derecho de propiedad de estas comunidades a partir de la realización de proyectos de inversión en sus tierras, es decir, si se planifica un proyecto de inversión de gran envergadura (que puede ser cualquier cosas minería, hidrocarburos, carreteras, infraestructura) cualquiera de estas posibilidades de proyectos pues se facilita la posibilidad de que en las tierras de las comunidades se pueda afectar con tipos de servidumbres sin una consulta previa a las comunidades, ni mecanismo de participación de estas«, señaló.
Del mismo modo señaló que el proyecto de ley busca lograr la «Certificación ambiental global» de tal manera que las empresa, que normalmente solicitaban sus permiso al Ministerio de Energía y Minas, a la Autoridad Nacional del Agua, entre otras, ahora solo hagan un pedido y a través de este se le otorguen todas las autorizaciones, refirió.
Agregó que administrativas «suena muy bien» pero el problema es que la institución a cargo de otorgar la certificación es el Servicio Nacional de Certificaciones (SENACE): institución que fue creada años atrás pero que hasta el momento no ha entrado en funcionamiento.
Actualmente hay más de 3000 comunidades. Con la norma el Estado puede definir sobre ellas una propiedad, y afectar a las comunidades y sus poblaciones en la titulación, porque tiene la potestad de quitarlas.
«Lo que se esta buscando es eliminar a las comunidades campesinas y nativas para facilitar el acceso a sus tierras y realizar cualquier tipo de proyecto de inversió per se, porqué sí, sin ningún tipo de mecanismo de participación ni consulta en la toma de decisión. Es un tema grave porque esta limitando los derechos de los pueblos indígenas y se les esta tratando como ciudadanos de segunda clase», sentenció.
TOMAN MEDIDAS.
Javier Jahncke anunció que mañana presentarán una acción de inconstitucionalidad sobre la ley marco 30230 en tanto afecta derechos a la propiedad y posesión de la tierra de las comunidades campesinas y nativas y al ambiente adecuado y equilibrado al cual está establecido en la Constitución.
