Así lo indicó Miguel Jugo quien sostuvo que, tras la muerte de un poblador durante los enfrentamientos con la policía, urge sentarse a dialogar para solucionar el conflicto. Sin embargo advirtió que al interior del Ejecutivo existen personas a las que «nos les interesa la muerte de los campesinos», y por eso insisten en imponer el proyecto de la empresa Southern Copper «sobre la vida de las persona», dijo.
Miguel Jugo, secretario ejecutivo adjunto de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
Para Miguel Jugo, secretario ejecutivo adjunto de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la solución frente al conflicto en el Valle de Tambo (Arequipa) es que el «gobierno anuncie la suspención del proyecto minero Tía María y se inicie el diálogo con lo huelguistas».
En diálogo con RADIO UNO recordó que durante su presentación frente al Congreso, para pedir el voto de confianza, el premier Pedro Cateriano sostuvo «que no se puede imponer por medio de la fuerza un proyecto a una región» y por lo tanto urge iniciar el diálogo -dijo Jugo- toda vez que los agricultores de Islay han dado muestras de sentarse a conversar para llegar a un entendimiento.
«El diálogo debía haberse dado en Cocachacra, en Islay, en los sitios donde efectivamente está el problema, pero las autoridades locales han sido lo suficientemente comprensivas para aceptar ese tipo de situación. Yo creo que en este momento todo está en la cancha de la Defensoría del Pueblo, los campesino y dirigentes de Cocachacra e Islay han señalado por ejemplo la posibilidad de un mediador entonces existe la mejor disposición, pero lo que pasa es que estamos hablando de una empresa tan grande como la Southern y personas al interior del Ejecutivo estan señalando que aquí lo que hay que hacer es declarar emergencia, en estado de sitio», manifestó.
Del mismo modo mencionó que durante las protestas que surgieron en el gobierno de Alan García, contra Tía María, los enfrentamientos cobraron la vida de 3 personas y se suspendió el proceso y se fue a la UNOPS. «Ahora sigamos el mismo camino terminemos con la observación que hace la UNOPS» sostuvo Jugo para luego agregar que el gobierno regional de Arequipa ha sido lo suficientemente claro al señalar que un peritaje de la UNOPS contribuiría a dar solución al conflicto.
Con respecto a la fuerza policial y a los civiles que estarían exacervando los ánimos en la zona, Miguel Jugo refirió que es un hecho «realmente preocupante» porque se estaría avasallando la propia autoridad del Ministro del Interior. Y es que «el ministro señaló que no se deberían utilizar balas» y nuevamente ayer apareció un muerto por balas cuando «esta un proceso de investigación de cómo murió la anterior persona, sin embargo, a pesar de todo esto, hay fuerzas más grandes, más poderosas que las del propio ministro que están impulsando esta situación. Yo creo que es una situación que el propio gobierno no está midiendo, hay personas que están tratando de malograr el partido, ensuciarlo, es algo que venimos escuchando desde que se llamo a los dirigentes “terroristas antimineros” no hay que ser ilusos, allí hay una presencia clarísima de la empresa Southern, de este consorcio mexicanos, que en el Perú y el extranjero se conoce todas sus formas de actuar que no son muy santas que digamos», enfatizó.
Finalmente el secretario ejecutivo adjunto de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos recalcó que «aquí no hay un interés de entenderse con la población, no hay un interés de dialogar, de expresarse, aquí lo que se quiere es imponer el proyecto como se dice caiga quien caiga, sobre la vida de las personas, ¿no?», puntualizó.
