El representante de la Coordinadora de Derechos Humanos, Miguel Jugo refirió que el estado debe aprender del caso Chavín de Huántar pues »la justicia militar no es idónea para el juzgamiento de civiles ni casos de violación a los Derechos Humanos», expresó.
Secretario Ejecutivo Adjunto de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Miguel Jugo.
El representante de la Coordinadora de Derechos Humanos, Miguel Jugo se manifestó sobre el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en favor de la demanda que interpusieron los deudos de tres terroristas del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) contra el Estado peruano, por la presunta ejecución extrajudicial de los emerretistas, que participaron de la toma de la residencia del embajador japonés en Lima en 1996.
‘‘Todos los peruanos esperábamos esta sentencia para terminar con un problema que nos planteó el Gobierno desde el inicio, en el sentido de señalar que se trataba de perseguir a los comandos de Chavín de Huántar’’, expresó.
Para Jugo la demanda interpuesta por la damilia de Cruz estaba amparada por la CIDH. ‘‘El estado reconoce que recibió vivo a Eduardo Cruz Sánchez (camarada Tito), pero en sus manos aparece muerto por eso es responsable del delito de violación de derecho a la vida en razón al art. 4 de la’’, dijo
A decir del representante de la CDH, éste fallo debe ser motivo relevar cuales son las enseñanzas que sacamos de esta situación. ‘‘La justicia militar no es idónea para el juzgamiento de civiles ni casos de violación a los derechos humanos, necesitamos aprender de esta lección’’, asintió.
‘‘El estado puede hacer uso de fuerza cuando hay un secuestro pero una vez terminado no puede descargar sobre los rendidos y heridos’’, sentenció.
