Francisco Soberón de APRODEH recordó que el Informe de la Comisión de la Verdad estableció que existen entre 2000 y 4000 fosas clandestinas que deben ser identificadas para exhumar los restos de los pobladores asesinados en «operaciones de arrasamiento de comunidades» realizados como una estrategia para enfrentar al terrorismo.
Director ejecutivo de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), Francisco Soberón.
Tras el hallazgo de las osamentas de unas 60 personas, en cinco fosas del centro poblado de Oronccoy (Ayacucho) que pertenecerían a mujeres, niños y ancianos asesinados por miembros de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional, denominados Sinchis, el director ejecutivo de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), Francisco Soberón, recordó el Informe de la Comisión de la Verdad estableció que existen entre 2000 y 4000 fosas clandestinas.
En comunicación telefónica con RADIO UNO recalcó que estas fosas deben ser identificadas por el Gobierno quien es el responsable de exhumar los restos para entregarlos a los familiares que tuvieron que soportar la pérdida de sus seres queridos en «operaciones de arrasamiento de comunidades» que eran desarrolladas por las Fuerzas de la PNP «como una estrategia para enfrentar al fenómeno de la subversión y al terror de Sendero Luminoso.
«Esto es uno de los miles de casos que ocurrieron en esos años, en la región Ayacucho, recordemos que el Informe de la Comisión de la Verdad, ha dejado establecido que hubieron entre 2000 y 4000 fosas clandestinas (…) es inhumano que el Estado, más de 30 años después, todavía no cumpla con exhumar y entregar los restos a las familias para que cumplan con su duelo. Creo que es una tarea urgente que no debe seguir retrasándose porque hay familiares de esas épocas que empiezan a fallecer por el transcurso de los años, hay insensibilidad del Estado para atender esta tarea que es un pendiente», señaló.
Agregó que aparte de la tarea de búsqueda, el gobierno debería haber realizado -desde hace años- un banco de datos de todos los familiares que denunciaron desapariciones forzadas, tomarle smuestras de sangre y hacer una base de datos para que a futuro se pueda cruzar información con las osamentas halladas en fosas. Mencionó que este tipo de acciones se realizaron en países como Argentina, facilitando la identificación de los restos.
«Pero aquí no quizá porque se trata de ciudadanos campesinos, pobres de zonas rurales y el Estado no ha dado esa mirada y esa atención humanitaria», refirió.
