Para el ex Consejero Regional, Rafael Vargas, los que participaron además, deberían ir a la cárcel.
Añade que algunos de los implicados continúan ejerciendo funciones
Tres empresas consorciadas, para hacerse de la buena pro de los estudios de pre inversión de la represa Yarascay por poco más de 7 millones de soles, “acreditaron” que los profesionales que iban a realizar los trabajos, tenían la experiencia requerida.
El ex Consejero Regional, Rafael Vargas, recuerda incluso, el caso de un ingeniero ayacuchano que desconoció su firma en el staff de profesionales que el Consorcio Yarascay presentó. Es además de una infracción al principio de veracidad, tiene connotaciones penales.
INHABILITACIÓN:
De confirmarse los hallazgos de Contraloría, las empresas que formaban parte del Consorcio quedarían impedidas de volver a contratar temporal o definitivamente con el Estado. Empero, esto no permitirá que el PET recupere lo invertido en un estudio que el propio MEF ha tildado de “sobredimensionado”.
Vargas considera que lo más importante es determinar las responsabilidades de todos los actores que participaron de la “estafa” del PET, lo que permitirá recuperar el dinero que invirtieron en algo que “no sirve”.
De los nombres que menciona el informe de Contraloría, si bien no están los principales funcionarios, algunos que continúan en funciones, lo cual es inaceptable. Hay un acta, en la que participó el Gobernador Regional, en la que pone su firma, donde asume la responsabilidad por las deficiencias de los estudios de pre inversión. Añade que el Ministerio Público debería intervenir de oficio.
Refiere que en la gestión de Chocano lo único que se hizo fue pedir información al PET, con respecto al proceso. Y dada la complejidad se derivó a Contraloría las presunciones, desde que en el proceso de selección se anuló uno de los actos principales porque no asistió el notario, y al día siguiente, por arte de magia solo estaba uno de los postores. “Eso generó una serie de perspicacias”.
“Alguien que estafa de esta manera debe ser inhabilitado de volver a contratar con el Estado, y los implicados deben ir a la cárcel.”
