Presidenta es acusada de maquillar cuentas públicas y abrir créditos sin aprobación del congreso.
Diputados que apoyan la destitución durante la sesión de la Cámara Baja del Congreso en Brasilia. Foto: AFP
La Cámara de Diputados de Brasil inició el viernes el debate sobre un posible juicio de destitución de la presidenta de izquierda Dilma Rousseff, abriendo uno de los capítulos más dramáticos de la historia democrática del país.
La acusación y la defensa cruzaron sus argumentos, mientras activistas favorables y contrarios al gobierno preparaban movilizaciones gigantes en Brasilia y otras ciudades para el domingo, día de la votación.
Rousseff, de 68 años, está acusada de «crímenes de responsabilidad» por presunto maquillaje de las cuentas públicas y apertura de créditos sin la aprobación del Congreso en 2014, el año de su reelección, y a inicios de 2015.
El abogado general del Estado, José Eduardo Cardozo, negó sustancia a esos cargos y denunció una tentativa de «golpe de Estado», levantando una batahola de indignación en la oposición y aplausos de los diputados del Partido de los Trabajadores (PT), que gritaban «¡No habrá golpe!», «¡No habrá golpe!».
Cuestionó además el papel activo que jugó en el procedimiento de impeachment el presidente de la Cámara, Eduardo Cunha, que está siendo juzgado por la corte suprema acusado de haberse embolsado millonarias sumas de la red de sobornos de Petrobras.
Según Cardozo, Cunha actuó movido por un deseo de «venganza», porque el gobierno no le ayudó a evitar un proceso por presunta corrupción en la comisión de Ética de la Cámara.
El jurista Miguel Reale, uno de los autores de la denuncia, echó en cara al gobierno sus manejos fiscales y rechazó las acusaciones de «golpismo».
«Hubo un golpe, sí, cuando se escamoteó la revelación de que el país estaba quebrado, cuando se disfrazó la situación fiscal del país y se siguió haciendo inmensos gastos públicos y cuando tuvieron que recurrir a empréstitos de entidades brasileñas» para financiarlos, declaró.
La apertura de un juicio político requiere el apoyo de dos tercios de la cámara -342 diputados de un total de 513- y la ratificación por el Senado.
En ese caso, la gobernante sería separada del cargo y reemplazada por su vicepresidente centrista, Michel Temer, de 75 años. Y Temer completaría el mandato, hasta fines de 2018, si los senadores declaran a Rousseff formalmente culpable en un plazo máximo de seis meses.
Según la encuesta del portal online del diario O Estado de S.Paulo, los partidarios del impeachment cuentan ya, desde el jueves por la noche, con los 342 votos necesarios para dar este paso en el que la mayor economía latinoamericana se juega su futuro a cara o cruz.
MEDIDAS DE SEGURIDAD
Para impedir incidentes el domingo, las autoridades tendieron una enorme valla metálica de un kilómetro, que arranca frente al Congreso y llega la monumental explanada de los ministerios, en el corazón de la capital.
El viernes por la mañana, la zona estaba casi desierta y sólo se veían vehículos policiales y un helicóptero que sobrevolaba el área.
El polémico Cunha llegó rodeado de un enjambre de cámaras.
Los partidarios de Rousseff empezaron a concentrarse desde inicios de la semana en un recinto deportivo junto al estadio mundialista Mané Garrincha, que el sábado podría recibir la visita de la propia presidenta.
En Sao Paulo, la capital económica de este gigantesco país de más de 200 millones de habitantes, los manifestantes anti-impeachment bloquearon varias calles.
FUERZAS HETEROGÉNEAS
El impeachment cuenta con el apoyo de grupos heterogéneos, empezando por el partido PMDB al que pertenece Temer, que formó parte prácticamente de todos los gobiernos, de derecha o de izquierda, desde el fin del régimen militar (1964-85).
También lo apoyan las poderosas cámaras de industria y de agricultura del país y los mercados financieros. Desde hace varias semanas, la bolsa de Sao Paulo ofrece el inusual espectáculo de festejar con fuertes alzas cualquier señal de que el gobierno está a punto de caer.
Rousseff, que en 2014 derrotó por escaso margen a Aecio Neves, del PSDB -el partido del expresidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002)- bate desde entonces récords de impopularidad, bajo el fuego cruzado de una recesión económica que entra en su segundo año y del escándalo de corrupción de Petrobras, que puso bajo el foco de la justicia a muchos de sus aliados.
Entre ellos Lula, que nunca pudo asumir el cargo de jefe de gabinete, porque un juez del STF sospechó que su entrada al gobierno buscaba ante todo ponerlo al abrigo de la justicia ordinaria que investiga si se benefició de sobornos que circularon por la estatal petrolera.
