Los trabajos se desarrollaron en medio del reclamo de la propietaria quien alegaba junto a su abogado que no fue notificada y que además el enrejado era para resguardar la seguridad de sus clientes.
(Foto: Radio Uno)
Con respaldo de la Policía Nacional del Perú y seguridad ciudadana, la Municipalidad Provincial de Tacna procedió al retiro del enrejado colocado desde hace un año y medio por la reencauchadora Caplina en la prolongación de la calle Arias y Aragüez, frente al Cementerio General de Tacna.
Además de las rejas cerrando la vía en unos 30 metros, los propietarios colocaron piedras de gran tamaño en la zona a fin de evitar que lavacarros del lugar se acerquen al negocio.
En un comienzo, trabajadores de la reencauchadora intentaron cerrar las rejas, pero los policías impidieron la acción, permitiendo que Ejecutoria Coactiva se entreviste con la representante de la empresa, Guisela de Cabrera.
“Hemos cercado por la seguridad de nuestros clientes con todas las de la ley, hemos sacado una licencia. Tenemos muchas denuncias contra el municipio, estamos apurando para que el juez se apure”, expresó.
Reiteró que la zona ocupada no es vía de tránsito de vehículos y además aseguró que la comuna provincial no realizó la notificación como corresponde, “esto es de cemento para la seguridad de mis clientes. Esto es propiedad privada. Un desalojo no puede darse antes de que el juez se pronuncie. Viene con una notificación del 16 cuando yo tengo grabado hoy (viernes 17) que recién hoy fue a notificar”.
Una grúa fue usada para retirar vehículos estacionados en el acceso al lugar, mientras que un esmeril y otras cortadoras fueron utilizadas para el retiro de las rejas.
Durante el trabajo, la representante de la empresa logró cogerse de uno de los barrotes tratando de impedir la diligencia, pero fue retirada por personal femenino de la PNP.
Por su parte el asesor legal de la reencauchadora, mencionó que la MPT estaría incurriendo en una serie de delitos que luego tendrán que asumir.
“La reencauchadora Caplina tiene actualmente un proceso contencioso administrativo contra la resolución que disponía la demolición, en el art. 139 de la constitución señala que ninguna autoridad puede abocarse a causas que estén pendiente en vía judicial, pero el ejecutor coactivo está ejecutando una resolución pendiente de resolver (…) están cometiendo el delito de usurpación agraviada, hurto agravado, daños contra la propiedad privada, abuso de autoridad y eso es un delito en flagrancia. Espero que la fiscalía actué en forma inmediata contra todos los funcionarios. No existe una notificación firmada notificada. Acá no existe una habilitación urbana.
Si bien alegó que la MPT no puede proceder al retiro del enrejado porque el caso esta judicializado, aseveró que la empresa no tiene que ceñirse a tal prohibición ya que “el derecho de propiedad es irrestricto, yo puedo usar y disfrutar dentro de mi propiedad. Se solicitó una autorización y la tenemos; entonces el alcalde no tiene votos y necesita decir demolimos, ganamos y esa acción la va pagar”, advirtió.
Cabe mencionar que la medida de la MPT fue saludada por los lavacarros en el lugar quienes solicitaban el retiro de las rejas que no les permitián trabajar.
