Además acuerdan convocar a otros gremios a paro regional, sí no son atendidos.
(Foto: Radio Uno)
Esta noche la Asociación Junta de Usuarios (Aju Zotac), acordó paralizar sus labores el próximo 10 de agosto y realizar una marcha de protesta pacífica que concluirá en una conferencia de prensa y paralelamente la entrega del pronunciamiento oficial del gremio en la sede central del Ministerio de la Producción en Lima.
«Nosotros rechazamos la resolución 334-2017-PRODUCE. Yo creo que tenemos que continuar trabajando esta posición. Queremos que el gobierno escuche. Nosotros queremos que este decreto supremo se archive definitivamente», Roberto Gomez dijo presidente de Aju Zotac.
Este acuerdo fue tomado durante la reunión que sostuvieron los dirigentes del gremio esta noche.
PARO REGIONAL
Este lunes 07 de agosto a las 20.30 horas en el mercadillo Bolognesi, y martes 8 de agosto a las 18.30 horas en el local del sindicato de Electrosur, los comerciantes se reunirán con dirigentes de otras organizaciones sociales; a fin de sumar fuerzas para convocar a un paro regional, Ello sí el gobierno central no atiende el pedido de archivamiento del proyecto de decreto supremo que autoriza a las empresas Open Plaza y Aventura Plaza a adquirir predios dentro de los 50 kilómetros de frontera.
Durante la reunión de esta noche se propuso que el paro regional se convoque para el 16 o 22 de agosto.
PRONUNCIAMIENTO
Los comerciantes además aprobaron el pronunciamiento oficial del gremio, que en el punto 1 refiere que el desarrollo de la región debe lograrse trabajando y no vendiendo el territorio patrio, haciendo alusión a la historia de Tacna que evidencia el sacrificio de antepasados en la época del cautiverio con Chile.
Sustentan además que debe respetarse la constitución política, por lo que consideran ilegal el decreto supremo que «pretende autorizar a empresas chilenas la compra y regularización de los derechos de propiedad adquiridos dentro de los 50 kilómetros en zona de frontera», suscriben en el punto 2.
En el punto 3 advierten que no hay sustento alguno para declarar esta inversión como necesidad pública. Mientras que en el punto 4 refieren que se están atentando contra la seguridad y soberanía nacional.
Además los comerciantes «deploran la posición del comando conjunto de las fuerzas armadas del Perú, al emitir una opinión sesgada e interesada sin valorar el rol establecido en el decreto legislativo N° 1136», dice el documento.
Culminan el pronunciamiento asegurando que el decreto supremo atenta las fuentes de empleo existentes y afecta la política nacional de formalización permitidas en la zona comercial y de Zofra Tacna.
