El poder ejecutivo estableció una norma en la resuelve que los altos funcionarios, presidentes regionales, alcaldes, congresistas entre otros que participen en huelgas y movilizaciones, serán denunciados ante le Ministerio Público por extorsión e inhabilitados del cargo hasta por cinco años.
Este punto ha sido incluido en las modificaciones e innovaciones legales que empezarán a regir en la política de lucha contra la criminalidad organizada, luego de que el ejecutivo ha sido atribuido con facultades extraordinarias por el legislativo para normar en temas de seguridad ciudadana, lucha contra el narcotráfico y terrorismo.
En conferencia a la prensa la ministra de Justicia, María Zavala, explicó que este punto del Decreto Legislativo 982 una de las 11 normas aprobadas por el Ejecutivo dentro de sus facultades legislativas delegadas, sólo desarrolla el artículo 42 de la Constitución, que ya señala que ese tipo de funcionarios, así como integrantes de las fuerzas armadas y la Policía Nacional no pueden hacer huelgas.
A partir de hoy aquel presidente regional, congresista o alcalde (entre otros funcionarios con poder de decisión o que desempeñen cargos de confianza o de dirección) que participen en mediadas de fuerza "con el objeto de obtener para sí, o para terceros, cualquier beneficio o ventaja económica indebida, u otra ventaja de cualquier otra índole" serán denunciados por extorsión e inhabilitados hasta por cinco años, dilucidó Zavala.
En tal sentido indicó que la disposición no se trata de ninguna represalia por las recientes protestas sociales.
Otra norma que también causará polémica es la excepción de responsabilidad penal de militares y policías que ocasionen lesiones y muerte de personas con el uso de sus armas en cumplimiento de su deber.
Es decir los miembros del orden que en su accionar causen daños físicos e incluso muerte de personas no serán denunciados y excluidos de toda responsabilidad.
