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Suspenden fallo que permitía ingreso de venezolanos al Perú sin pasaporte

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Poder Judicial concedió apelación planteada por Migraciones y el Ministerio del Interior.

El 5 de octubre los venezolanos podían ingresar al país sin presentar pasaporte.

La jueza del Quinto Juzgado Penal de Lima, Celia San Martín Montoya, suspendió el fallo que permitía el ingreso de migrantes venezolanos al país sin el requisito del pasaporte. La magistrada concedió la apelación presentada por la Superintendencia Nacional de Migraciones y el Ministerio del Interior contra el fallo en mención.

El 5 de octubre pasado el juez San Martín Montoya declaró fundado el Hábeas Corpus interpuesto por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos contra la resolución de Migraciones que estableció el pasaporte como requisito para que los ciudadanos venezolanos ingresen al Perú, revocando esa medida.

Sin embargo, luego de la apelación presentada la semana pasada por Migraciones y el Ministerio del Interior, la jueza San Martín determinó suspender los efectos del citado fallo, que permitió que ciudadanos venezolanos que no contaban con pasaporte ingresaran al Perú.

La decisión judicial fue adoptada el pasado 11 de octubre último, pero recién fue comunicada a las partes ayer.

“Concédase la apelación que se interpone con efecto suspensivo”, señala el texto de la notificación. Esto implica que la eficacia de la sentencia queda suspendida hasta que el juez superior confirme la resolución apelada.

Según datos del Centro Binacional de Atención Fronteriza (CEBAF) Tumbes, desde que se suspendió la exigencia del pasaporte, en cumplimiento del fallo inicial de la jueza San Martín, el ingreso diario de migrantes venezolanos se incrementó de 1 300 a 2 000, con tendencia al alza.

Se calcula que más de 18 000 venezolanos han ingresado a Perú, de los cuales se estima que el 35% lo ha hecho con su cédula de identidad, documento que las autoridades peruanas consideran altamente falsificable, lo que impide garantizar la identidad de sus poseedores, constituyendo un riesgo para la seguridad migratoria del país.