Modificar la legislación vigente para combatir los actos de corrupción con normas claras y más drásticas, propuso el lunes la candidata al cargo de titular de la Contraloría General de la República (CGR), contadora pública Ingrid Soraya Suárez Velarde, al responder a las inquietudes de la comisión parlamentaria encargada de evaluar su trayectoria profesional.
La candidata, propuesta por el Poder Ejecutivo, compareció durante dos horas ante el grupo evaluador, que preside la congresista Mercedes Cabanillas Bustamante (PAP), e integran otros siete congresistas de todos los grupos parlamentarios.
Durante su presentación ante la comisión evaluadora, que sesionó desde las 3 y 5 de la tarde y se prolongó hasta las 5 y 25, la candidata dio amplias explicaciones sobre sus anteriores trabajos relacionados con su especialidad, aclaró algunos errores materiales en la hoja de vida que presentó a la comisión seleccionadora que nombró el Gobierno, y explicó los estudios especializados que le permitieron su formación profesional.
Aclaró también que ella tiene tres años de estudios de ingeniería técnica en una universidad española, pero no posee constancia de ellos porque en España no se entregan certificados de estudios ni otorgan el grado académico de bachiller. "Allá sólo se da el título o nada", dijo. "Y para optar por el título hay que estudiar otros años más", precisó.
En otros casos, Suárez Velarde se comprometió a subsanar la omisión en la presentación de algunos certificados de trabajo.
Precisó también que tiene una maestría en administración de empresas y siguió varios cursillos de especialización, algunos de ellos por meses o semanas, tanto en ESAN como en la Universidad Católica (PUCP).
Aclaró también que no trabajó directamente con el ex ministro de la Producción, Rafael Rey, sino que formó parte del equipo de asesores técnicos, por lo que no lo citó como referencia personal en su expediente.
Respecto a sus vinculaciones con la empresa Amerinco, de la cual fue socia con el Ing. Florentino Lavandera, explicó que los supuestos conflictos de intereses, sobre los cuales la prensa "ha especulado bastante", se suscitaron en febrero de 2008, pese a que ella dejó el cargo de directora de esa empresa en enero de 2007, es decir más de un año antes.
Refirió que el asunto es motivo de investigación dispuesta por la vicecontralora, por lo que se excusó de adelantar opinión, hasta que se dé a conocer los resultados.
En otro momento y respondiendo a las inquietudes de los integrantes de la comisión evaluadora, se mostró en desacuerdo con que los encargados de investigar a diversas entidades públicas formen parte de las oficinas de control institucional (OCI) sean remunerados por estas últimas, porque ello les resta independencia. "No es correcto que la entidad sometida a control sea la que pague a quien podría emitir un informe negativo contra ella", opinó.
También comentó que debían modificarse algunas disposiciones legales vigentes para evitar que la corrupción gane la guerra, y hacerlas más precisas y drásticas para evitar que se siga cometiendo ese tipo de delito.
Igualmente, consideró que la base de datos que tiene la CGR en la que se detalla, define y explica las fallas, omisiones, errores, etc., voluntarios o involuntarios, se ponga a disposición de las entidades públicas, para que éstas conozcan cómo evitarlos, subsanarlos o corregirlos.
