El juez escuchó los alegatos de la Fiscalía, de los abogados y a los investigados.
(Foto: Radio Uno)
El viernes 27 de septiembre se conocerá la decisión del juez Yuri Maquera acerca del pedido de la Fiscalía de 18 meses de prisión preventiva contra el ex gobernador regional de Tacna, Omar Jiménez; el ex dirigente de la asociación Los Chaskis, Alfredo Chamorro; y el excandidato Milton Reynoso.
La citación de ese día es para las 4 p. m. Este viernes escuchó los alegatos de la fiscal Roxana Ticona, así como de los abogados y de los imputados.
La Fiscalía Anticorrupción investiga a Jiménez por el presunto delito de cohecho pasivo propio, y a Chamorro y Reynoso por cohecho activo genérico. Los tres estarían involucrados en el presunto tráfico de un terreno en favor de la asociación de vivienda Paloma de la Paz.
DEFENSAS
La defensa de Jiménez indicó que no se le debe dar prisión preventiva debido a que el exgobernador es accionista mayoritario de una clínica en Tacna, que operó a más de 30 personas luego de dejar el cargo y que colaboró con la Policía y la Fiscalía en las diligencias desde el inicio.
Planteó que, de ser el caso, se le imponga el pago de una caución, pero no prisión preventiva.
Casi al final de la audiencia, Chamorro tomó la palabra y presentó comprobantes con que busca sustentar que tiene trabajo en la actualidad como vendedor de libros. A su turno, Reynoso dijo que padece de una enfermedad por el que será operado, y que ello garantiza que no huirá.
FISCALÍA
En otro momento la fiscal Roxana Ticona respondió que Jiménez no tiene familiares que dependan económicamente de él, además que la posesión de 35 inmuebles en el país, así como su patrimonio económico, sería un riesgo de fuga.
Asimismo, que los comprobantes presentados por Chamorro están a nombre de una empresa cuyo RUC está inscrito para la venta de gaseosas, jugos, galletas y otros alimentos, y que comenzó sus actividades en mayo de 2019. Además, otros comprobantes son de una empresa de libros, pero que está dada de baja ante la Sunat.
Acerca de Reynoso refirió que su actividad política le permitió tener amistad e influencia con varios funcionarios públicos que le darían la posibilidad de fugar.
Agregó que Reynoso no tiene familia que dependa económicamente de él y que su domicilio sería de sus hermanos, además que tiene una empresa pero que fue dada de baja en 1999, y que no tiene trabajo conocido ni permanente.
Finalmente, rechazó las propuestas de las defensas y se mantuvo en su pedido de 18 meses de prisión preventiva.
