Letrado considera que es excesivo el monto impuesto por la jueza de Locumba.
(Foto: Radio Uno)
Como se recuerda, el 29 de setiembre, la jueza Olga Rosa Cortez Valencia dispuso la liberación de las siete exautoridades y exfuncionarios de la Municipalidad Distrital de Ilabaya, del período 2015-2018, implicados en el caso denominado por la Fiscalía y Policía Nacional como “Saqueadores de Ilabaya”.
La magistrada rechazó el pedido de 36 meses de prisión preventiva e impuso al exalcalde Luis Cerrato y a los exfuncionarios José Luis Arocutipa y Carlos Mendoza el pago de una caución de 300 mil soles, cada uno.
El abogado de Arocutipa considera excesivo el monto por lo que presentó apelación al mismo. Alex Choquecahua presentó el recurso el 1 de octubre.
“Se está apelando el monto de caución y hasta que sala resuelva y disponga un nuevo monto todavía no sea hace el apercibimiento”, explicó.
Así también vía aclaración solicitó la corrección del auto de prisión preventiva, en referencia “al tema de la prolongación de la detención”.
De igual forma, solicitó presentar un escrito solicitando la variación de la forma de prestación de caución económica, “para que la caución personal sea sustituida por una caución real que mi patrocinado está dispuesto a pagar”, dijo.
En cuanto a la situación de su defendido, mencionó que la fiscalía imputa el crimen organizado para éste, pero el delito existe a partir de mediados de 2016 e imputa el delito tipificado en el código penal, pero el caso data de julio de 2015, entonces ¿estaba vigente? no estaba vigente, es por ello que deriva en atípica, con solo ese fundamento debería desestimarse
Según el abogado, la fiscalía cuando presenta a testigos codificados y aspirantes a colaboradores, éstos deben presentar pruebas que acrediten su versión, no corroborar las mismas con otra versión.
En cuanto al delito de cohecho, mencionó que los testigos codificados y tres aspirantes a colaboradores no mostraron pruebas concretas de presunta entrega de dinero a regidores.
Refirió que además la fiscalía alega que no fueron entregados 11 directivas por las cuales también es cuestionado su defendido. Dijo que éstas existen si revisamos el sistema municipal, “fueron elaboradas” y no solo pudieron ser entregadas por mesa de partes sino por área de usuario que solicitó la prestación del servicio.
