Son 1300 víctimas que ahora están en el proceso, pero podrían alcanzar la cifra de 2000 en investigación preparatoria, indicó Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal.
La acusación también está dirigida a exministros de Alberto Fujimori.
El 20 de abril reiniciaron las audiencias de sustentación de cargos de la Fiscalía ante el Poder Judicial por el caso de esterilizaciones forzadas.
Durante la exposición de la Fiscalía, el fiscal Pablo Espinoza sostuvo que el expresidente Alberto Fujimori benefició económicamente a su Gobierno con la política estatal de esterilizaciones forzadas.
La acusación también está dirigida a los exministros de Fujimori, Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga. Este último es virtual congresista electo por Fuerza Popular.
Al respecto Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal, indicó que son 1300 víctimas que ahora están en el proceso, pero podrían alcanzar la cifra de 2000 en investigación preparatoria, lo que demandaría que el juicio dure 6 años.
“Se están viendo el caso de 1300 mujeres víctimas de esterilizaciones forzadas, pero en el registro único fueron inscritas 8 mil personas que dicen ser pasibles de estas esterilizaciones que, fuentes de investigación ya da una cifra escalofriante que durante el gobierno de Fujimori serían 272 mil personas que habrían sido esterilizadas y el 90% sufrió intervenciones sin su consentimiento”, comentó.
Mencionó que este es un caso grave de violación de derechos humanos pues -según plantea fiscalía- el gobierno de Fujimori usó las esterilizaciones como un método de erradicación de la pobreza en zonas rurales.
“Se fueren a lugares donde estaban mujeres de escasos recursos quechua hablantes a las cuales, va el médico sin implementos, que no entiende quechua y aplicó el tema de la esterilización forzada contra estas personas que generalmente eran de Ayacucho, Cusco, Piura y Huancavelica”.
