El Cuarto Juzgado Civil Permanente de la Corte Superior de Justicia de Tacna declaró infundada la demanda constitucional de amparo presentada por el Gobierno Regional de Tacna, en contra del Gobierno Regional de Puno y de la Municipalidad Provincial de Tarata, respecto del proyecto de conducción hídrica Vilavilani II fase I.
Según la sentencia n. ° 58-2021, del 12 de julio de 2021, el juez Saúl Felipe Arenas Pérez consideró que no se ha acreditado que Puno o Tarata hayan efectuado alguna clase de acción contraria al orden jurídico, o mediante amenaza, para impedir la ejecución de la obra de mejoramiento y ampliación de la provisión de agua para el desarrollo agrícola en el valle de Tacna – Vilavilani II fase I.
[Revise aquí el EXPEDIENTE VILAVILANI]
Al respecto el procurador del Gobierno Regional de Puno, Santiago Molina, dijo a Radio Uno que el pedido que plantearon no fue en contra del proyecto, sino sólo del cumplimiento del orden jurídico.
Refirió que el argumento de Tacna se basó en que el proyecto Vilavilani fue declarado de interés nacional, y que los recursos constitucionales presentados por Puno y Tarata iban en contra del derecho fundamental de la población de Tacna del acceso de agua para consumo humano, y que Puno encabezaba marchas para atentar contra ese derecho fundamental de Tacna.
Molina explicó que dicho argumento no tiene sustento, debido a que Puno no solicitó a restringirle el acceso de agua a la población de Tacna, sino que se paralice el proyecto de mejoramiento del servicio.
“En este caso no había ningún hecho atentatorio. El hecho de acudir vía amparo y solicitar la medida cautelar era en uso del derecho que consideramos nos asiste. Considerábamos que se estaba afectando al territorio de Puno”, declaró a Radio Uno.
Agregó que su argumento está basado en el artículo 139 inciso 2 de la Constitución, qué indica que ninguna autoridad puede avocarse a hechos que aún no han sido resueltos.
En otro momento sostuvo que está pendiente un proceso de amparo en un juzgado civil de Puno, recurso contra el que Tacna presentó una oposición debido a que esta ordena la paralización del proyecto Vilavilani.
