La Contraloría General de la República advirtió que la ejecución de la inversión pública se encuentra muy debilitada debido a que el énfasis se concentra en la ejecución presupuestal, dejando de lado otros factores importantes como la ejecución física, la calidad y la oportunidad de las inversiones, lo que se refleja en que el dinero se gasta, pero no se asegura la conclusión de las obras, sobre todo en regiones.
La Contraloría General refirió también que no se hace seguimiento a la reactivación de estas obras y recordó que, en el año 2018, la entidad superior de control identificó 867 obras paralizadas, sobre todo en el gobierno nacional (57%), pero que, a junio de 2021, se han registrado 3055 obras paralizadas valorizadas en S/ 29.9 mil millones, de las cuales el 86% están en gobiernos regionales y locales por S/ 24 mil millones.
Por estas y otras razones es que la Contraloría General, enfatiza que el modelo de control concurrente es uno de los ejes centrales de la estrategia de reforma y modernización del control gubernamental en el país, debido a que su enfoque preventivo en la lucha contra la corrupción e inconducta funcional está orientado a contribuir a una mayor eficacia y calidad de la gestión gubernamental, para que la población disponga de mejores servicios públicos.
Este modelo de control presenta ventajas comparativas e incrementa la posibilidad de romper círculos de colusión y soborno a través del acompañamiento sistemático durante los hitos de mayor riesgo en el proceso de ejecución de una obra pública y es una herramienta que apoya a los funcionarios públicos, porque permite que las obras se hagan en el tiempo programado, supervisando en simultáneo -mirada través del control gubernamental- que se cumplan las condiciones y las especificaciones técnicas. Lo esencial del control concurrente, es el beneficio que le brinda a la ciudadanía, ya que los proyectos, además de generar un ahorro al Estado, se desarrollan en el tiempo y la oportunidad que ellos esperan y requieren para su desarrollo y beneficio directo.
Otro de los beneficios que genera este sistema de control es que permite el acompañamiento de manera sincronizada, multidisciplinaria, oportuna, rápida, y preventiva al gestor público durante los diversos momentos claves de la contratación de un bien, servicio u obra pública. En cuyos procesos los auditores alertan oportunamente a los gestores públicos sobre los riesgos y situaciones adversas identificadas para que adopten las medidas correctivas y preventivas. Así se reducen los escenarios de incumplimiento u otras posibles irregularidades que afectan la finalidad de la intervención pública, generan cuestionamientos, así como responsabilidades administrativas, civiles y penales en funcionario y servidores públicos.
Los resultados obtenidos en los últimos tres años de aplicación del control concurrente son concluyentes porque funciona, genera valor público, contribuye a que las obras no se paralicen y concluyan con menores costos de inversión. Del análisis a 1925 servicios de control concurrente, se ha podido determinar que este modelo evitó un potencial perjuicio económico de 485 millones de soles entre los años 2017 y 2020. Siendo la principal recomendación la exigencia de penalidades no ejecutadas, un factor recurrente en obras públicas.
Es preciso señalar, también, que la incidencia por la corrupción e inconducta funcional en el año 2020 en inversiones públicas se redujo en 8.4% con respecto al 2019. En general, esta reducción es por todos los niveles de gobierno, particularmente en las obras del gobierno nacional, con una caída de 19.4% (que tuvieron un acompañamiento del Control concurrente, como en los Juegos Panamericanos, Reconstrucción con Cambios, entre otros).
