Darwin Tevez, gerente de gestión tributaria de la Municipalidad Provincial de Tacna (MPT), deslindó responsabilidad de la comuna en la sindicación de la comunidad Jesuita. Como es sabido, en conferencia de prensa, el municipio fue acusado de propiciar la posible pérdida de la propiedad que Jesuitas ocupan en la avenida Bolognesi con fines de ayuda social a menores de edad.
Tevez alegó la existencia de falencias tributarias como causantes de la irregular venta denunciada por los Jesuitas.
Precisó que el Tribunal Fiscal, en diferentes resoluciones estableció que «la administración no puede negarse a recibir declaraciones juradas y pago de alcabala cuando los usuarios no acrediten propiedad o posesión, además dichas resoluciones han señalado que los problemas no son competencia del municipio sino competencia del Poder Judicial» siendo así «la municipalidad no puede rechazar el pago de alcabala de quien vaya así este el predio en juicio», dijo.
Mencionar que, según información recabada en la MPT y proporcionada por asesoría legal de la comunidad Jesuita, la ciudadana Rosmery Bacigalupo logró obtener en 2019 (gestión Julio Medina) el descargo de propiedad, documento gestionado en la MPT, que permite realizar pagos de tributos y entre ellos la alcabala que es requisito indispensable para la venta de un terreno, en este caso el inmueble que hoy ocupa la comunidad Jesuita.
Tevez acotó que la alcabala abonada a la MPT por Bacigalupo fue de 20 mil 806 soles, pero en base al terreno de 982 m2 sin consignar la construcción existente que es propiedad de la MPT . Según el gerente, este escenario fue avalado con minuta elaborada en notaria.
Aclaró que, era imposible que una notaria en Tacna elabore una minuta sobre el predio de la avenida Bolognesi considerando solo terreno sin edificación es por ello «que se fueron a Tarata y luego a Puno» en donde concretaron el papeleo.
Detalló que, con los trámites hechos, Bacigalupo procedió a la venta del predio por un valor de 12 mil dólares. A su vez, los compradores con escritura de Tarata recurrieron a notaria en Juliaca, Puno, para ejecutar la venta de la propiedad por un valor de 100 mil dólares, “hasta ahí está el trámite, los que han aparecido (desalojando a la comunidad Jesuita) son los de 100 mil dólares que alegan que han comprado de buena fe».
A decir de Tevez “querer aplicar el principio de buena fe no puede ser porque existen procesos judiciales que parten desde 2016”.
Afirmó que el caso está en vía legal y podría resolverse recién en la próxima gestión edil.
Para el gerente, la evidente inestabilidad jurídica provocó la extinción de normativa que evitaba recurrir a notarios de otras jurisdicciones y se generen casos escandalosos. A modo de ejemplo comentó que en una ocasión llegó a la MPT una minuta de 5 soles pese a que la propiedad estaba por encima del medio millón de soles.
