El director de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Miguel Jugo, informó a Radio Uno, que según el último reporte evacuado desde la zona de Bagua, las autoridades mantienen a 18 personas en detención preventiva, mientras que 9 tienen orden requisitoria, acusados de haber participado de los actos violentos duran las protestas en la amazonía peruana.
Aunque Miguel Jugo rescató que el número de detenidos se redujo de los 89 que inicialmente había, señaló que la policía nacional estaría cometiendo una serie de irregularidades de procedimiento en la detención de las personas que son investigadas.
"Hay una serie de irregularidades. Hacemos un llamado al Ministerio Publico. Si bien los policías pueden desesperarse deben mantener la calma. Insistir en que tiene que tener papeleta de detención en regla, decir porque los detienen, es decir, no caer en la arbitrariedad. Quienes son los garantes de esta situación son el Ministerio Público y el Poder Judicial", afirmó Jugo.
La detención sin papeletas o la captura sin dar a conocer al detenido las razones, son las principales irregularidades que los observadores de Aprodeh encontraron. Además hay versiones sobre torturas psicológicas que la asociación ha pedido investigar.
El director de Aprodeh aseveró los problemas se dan ya que los efectivos policiales están amparándose indebidamente en la declaratoria de Emergencia en la zona de Bagua, para violentar los derechos humanos de los nativos.
"La policía cree que por estar en estado de emergencia las personas detenidas no tienen ningún tipo de derecho y es completamente al revés. En estado de emergencia se debe estar muy cauteloso con los derechos de las personas para no cometer ningún abuso", refirió.
Aprodeh ha contactado con una organización de Jaén asociada a ellos, para que asuman la defensa legal de los nativos implicados por la policía y el Ministerio Público, en los hechos ocurridos que terminaron con muertes de indígenas y policías. Miguel Jugo emplazó al gobierno a asumir la responsabilidad por las muertes ocurridas, se deroguen los decretos legislativos rechazados por los nativos y que son la raíz del conflicto, y se geste un diálogo profundo con las comunidades que protestan.
