La abogada Elizabeth Anicama refirió que la Municipalidad Provincial de Tacna (MPT) incurre en ilegalidad al permitir la presencia de ambulantes en los alrededores de la junta vecinal Rosa Ara, cercado de Tacna.
La letrada quien además domicilia en el lugar mencionó que, si bien numerosos carritos sangucheros y demás food trucks pasaron de la avenida Cusco – zona de estacionamiento de los edificios – a la avenida Grau, aún están a pocos pasos de las viviendas de los propietarios. Y siendo así el malestar persiste pues “no solo son problemas de salubridad y ornato, es también estacionamiento” y que dicho sector “sirve como evacuación en caso de sismo”, alegó.
“Los carritos sangucheros no es un problema de ahora, es un problema de muchos años atrás que aqueja a la urbanización, a los propietarios quienes en diversas oportunidades han presentado solicitudes a la MPT solicitando la reubicación de los ambulantes”, mencionó a la vez que afirmó la existencia de documentación que reconoce la zona de estacionamiento como propiedad privada de la urbanización.
De tal manera que, “la Municipalidad no puede otorgar permisos, autorización o concesión sobre propiedad privada, no es de dominio municipal, es de propiedad privada”, afirmó.
“Incluso hubo renovación de Cofopri en el 2000 y se volvió a verificar y constatar que esas áreas de estacionamiento volvieron a ser consignadas como parte de la propiedad de la urbanización. Siempre se ha dicho de forma verbal que son espacios privados (…) inclusive hecho llegar por quinta vez planos, ficha registral e informe de Cofopri a la municipalidad”, dijo.
“Mal hacen algunos funcionarios en fomentar o en socapar que estas personas permanezcan ahí, ya que independiente de eso (documento de registro público) existe 2 ordenanzas municipales que datan de 2010 y 1997 que regulan el comercio ambulatorio. “En toda esta zona que constituye zona monumental e histórica está prohibido el ejercicio de comercio ambulatorio”, aseveró.
Tal ilegalidad – aseguró- fue advertida a los comerciantes y municipio, pero a la fecha el problema persiste a tal grado que hace tres días hubo un intercambio de palabras entre los vendedores y propietarios lo que motivó presencia de Seguridad Ciudadana. Según la abogada, los ambulantes alegaron a gritos que si bien no tenían licencia de funcionamiento habían coordinado su presencia en la zona con funcionarios de la MPT de apellido Pilco y Calizaya.
Anicama indicó que el caso fue trasladado al alcalde provincial Julio Medina meses atrás. La autoridad se habría comprometido con la reubicación de los vendedores, pero ante el problema aún sin resolver fue solicitada una nueva audiencia cuya fecha es esperada de confirmación.
