La Contraloría General detectó un perjuicio de S/ 191 504,10 causado por el pago de bonos Covid a trabajadores de la Red de Salud de Tacna que realizaron labores administrativas que no cumplían con los criterios establecidos, y personal que recibió el íntegro del beneficio sin los descuentos correspondientes al tiempo que estuvieron de vacaciones durante los meses de mayo a diciembre de 2020 y marzo del 2021. Tres funcionarios tienen presunta responsabilidad civil y administrativa en estos hechos.
De acuerdo al Informe de Control Específico N°022-2021-2-0667-SCE, este hecho vulneró la normativa vigente (artículo 4 del Decreto de Urgencia N° 026-2020, así como artículo 2, 4 y 5 del Decreto Supremo N° 184-2020-EF) donde se precisan los criterios para el otorgamiento de la bonificación extraordinaria, destinada a personal que realice servicios de alerta y respuesta en el marco de la pandemia por coronavirus.
Con base en la normativa aplicable, la comisión de control detectó que personal dedicado a trabajo administrativo que no cumplía con los requisitos fue incluido en las listas mensuales, lo cual generó un perjuicio económico de S/ 108 873. Los beneficiarios desempeñaron labores entre mayo y diciembre del 2020 en la dirección ejecutiva, oficinas de administración, desarrollo institucional, planeamiento y presupuesto. Asimismo, en las unidades de epidemiología, medicamentos insumos y drogas, intervención estratégica, salud ambiental, prestaciones y aseguramiento de la salud, gestión de riesgo de desastres, asesoría jurídica entre otras.
La afectación económica al Estado además ocurrió por el pago del total de bonos Covid a 249 servidores que realizaron labores para la atención de la emergencia sanitaria; a quienes debió efectuarse un descuento durante los días que cumplieron sus periodos vacacionales.
Por estos hechos, la Contraloría encontró responsabilidad civil y administrativa en tres funcionarios del sector salud quienes ocuparon los cargos de director ejecutivo, jefe de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos y jefe de la Oficina de Administración durante el 2020 y parte del 2021.
Por ello, se recomendó al Procurador de la Contraloría General de la República dar inicio a las acciones legales contra los servidores públicos comprendidos en el informe de control específico; y al titular de la Dirección Regional de Salud efectuar el deslinde de responsabilidades.
