Casi dos horas duró la audiencia de vista de causa de la demanda de amparo interpuesta por el Gobierno Regional de Tacna (GRT) contra la medida cautelar del Gobierno Regional de Puno (GRP) que paraliza el componente Vilachaullani del proyecto Vilavilani II Fase I que busca el traslado de agua del río Maure a la ciudad de Tacna, dicho río limita ambas regiones.
Los representantes legales tanto del GRT como GRP, además de la provincia de Tarata y comunidades de la región Puno, Capazo y Collao, sustentaron vía zoom ante la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Tacna dirigida por el magistrado Jorge Antonio Armaza Galdos.
La defensa del GRT estuvo en manos del abogado Josep Campos y el procurador Remberto Vizcarra; mientras que el GRP nombró como representante a la abogada Evelin Zúñiga Juli; el municipio de Tarata designó al abogado Ulises Gómez; también tuvo participación el procurador de la comuna del Collao (Puno), James Stanley Araca Astorga y procurador de Capazo, Martin Huiza.
GRT
Campos en salvaguardia de la demanda del GRT alegó la defensa al agua y evitar perturbación a las labores por conseguir el recurso debidamente acreditado por la Autoridad Nacional del Agua y demás instituciones de igual importancia. Además, indicó que la cautelar emitida por el Tercer Juzgado Civil de Puno en contra de Vilavilani consigna un contrato diferente al n.° 014-2019 firmado con el consorcio Agua Manantial “entonces el juez hace mal (…) y dice que hay avocamiento”, advirtió.
A su turno, el procurador Vizcarra mencionó la quema del campamento Agua Manantial como prueba de perturbación de Puno en territorio tacneño. Refirió que por tal acción existen denuncias en la Fiscalía Mixta de Tarata por delitos de intento de homicidio, daño a la propiedad y otros de igual índole.
Incluso, alegó que la posición contra Vilavilani que pobladores de Tarata manifiestan se debe a intereses políticos, “están azuzando a humildes pobladores porque seguro se presentarán en estas elecciones”, comentó.
La mayoría de argumentos vertidos por ambos abogados fue motivo de llamado de atención del juez quien invocó a tratar únicamente el tema materia de audiencia.
GRP
Por su parte, la abogada Zúñiga Juli manifestó que los representantes del GRT no desarrollaron cuales fueron los errores de hecho y derecho en la sentencia emitida por el juez de Puno, “se basaron en propaganda de qué es el proyecto y cuál es la finalidad”.
Si bien reconoció la existencia del Decreto de Urgencia 018 que prioriza Vilavilani, destacó que la normativa hace mención a que las autoridades competentes deben generar el derecho de los pueblos indígenas, originarios de la zona de influencia del proyecto; entonces se habla de la población que habita en la zona altoandina, Ticaco y Tarata, pero es la propia población que está en desacuerdo con el proyecto.
Y en cuanto a amenazas que alegó el GRT, aseveró que no fue probado que el GRP sea el responsable directo de daños al campamento de Agua Manantial, incluso dijo que la presente audiencia “no es materia de discusión de los daños”.
A la vez indicó que “hay que delimitar la pretensión: es derecho al acceso de agua o mejoramiento dirigido al desarrollo agrícola de la zona”. De igual forma, mencionó “que la cautelar evacuada por el Juez de Puno no limita el acceso al agua; siendo así, el GRT debió indicar en apelaciones los agravios y vicios en la motivación de la sentencia”.
Tarata
El abogado del municipio de Tarata, Ulises Gómez, cuestionó que durante la exposición del GRT este solo hablara de informes técnicos y autorizaciones para ejecutar Vilavilani, más no probó la demanda contra el municipio de azuzar a la población en contra del proyecto.
Capazo- Puno
El abogado Martín Huiza al igual que su colega del GRP, mencionó que la pretensión del GRT no era clara.
“El proyecto fuente es el código SNIP y habla de desarrollo agrícola, dónde habla del derecho al agua, nos tratan de confundir. El derecho al agua es amplísimo. Sí, es necesario que Tacna requiere de agua potable, pero los proyectos deben ser clarísimos sin llevar a confusión a los hermanos de Capazo”, dijo.
Collao- Puno
El procurador James Stanley Araca Astorga, refirió que los demandantes alega actos perturbatorios, “pero tampoco el GRT acreditó cuales son los actos perturbatorios de la demanda incoada por el GRP y que hayan merecido la paralización de la obra, más por el contrario la paralización se da por falta de presupuesto así lo indican en su página y la página amigable del MEF”.
Réplicas
Durante el tiempo de réplicas y duplicas, resaltó que el procurador citara el art. 15 del convenio 169 referido a consulta previa a comunidades indígenas, pues aseveró que este se aplica a la extracción minera más no al proyecto hídrico, siendo así afirmó que “no cabe consulta previa cuando se trata del agua”.
A su turno, la abogada del GRP mencionó que el GRT presente desconocer el perfil y expediente técnico de Vilavilani pues adujo que esta consigna como grupos asentados en zona de influencia un 23.8% dedicados al servicio y comercio y 18,3% a la empresa familiar seguido la actividad minera en un 23.6%.
En tanto, el abogado del municipio tarateño cuestionó que era un insulto que el GRT infiera que la población de Tarata y Puno son violentos, es “como regresar a decir que la criminalidad está ligada a las características físicas”, comentó.
