Radio Uno tuvo acceso a la carta notarial mediante la cual el consorcio Agua Manantial anuncia la resolución del contrato firmado con el Proyecto Especial Tacna (PET) para la ejecución del componente Vilachaullani, del proyecto Vilavilani II Fase I.
“Con la presente comunicación (…) procedemos a resolver el contrato n°. 14.2019-GOB.REG.TACNA-PET Mejoramiento y ampliación de la provisión de agua para el desarrollo agrícola en el Valle de Tacna- Vilavilani II- Fase I; meta: Canal de conducción Vilachaullani-Calachaca-Chuapalca, SIN CULPA DE LAS PARTES”, se lee en el documento de fecha 19 de noviembre.
La empresa hizo hincapié en la existencia de un «mandato judicial que ordena la paralización e imposibilita de manera definitiva la continuación de los trabajos en el proyecto. Siendo así reiteró que “el contrato quedará resuelto de pleno derecho a partir de la recepción de la presente comunicación”.
Es así que, el PET es citado para el 16 de diciembre de 2021 a las 10:00 a. m. a fin de llevar a cabo la constatación física e inventario en el lugar de obra y en almacenes.
Como es sabido, el Gobierno Regional de Puno logró una medida cautelar en 2020 que mantiene paralizado el proyecto hídrico que busca canalizar agua del río Maure que es límite con Puno para hacía Tacna a fin de menguar la escases hídrica existente en la ciudad. Tal acción también es rechazada por comuneros de la provincia de Tarata que incluso acatarán una huelga indefinida desde el 25 de noviembre con la intensión de evitar que la Corte de Tacna resuelva a favor del Gobierno Regional de Tacna que busca traer abajo la cautelar de Puno.
Gustavo Bayona, exdecano del Colegio de Ingenieros, comentó sobre el tema que era previsible que el Consorcio tome la decisión de cancelar el contrato.
No obstante, aclaró que el contratista no puede decir que no sabía nada, “el riesgo es compartido y más del contratista. Sabiendo en que contrato ha entrado ha persistido, es su responsabilidad”. Siendo así, indicó que el GRT no debería aceptar presuntos pago por daños.
Para Bayona, “no hubo adecuada competencia sobre todo cuando el GRT va a Puno a pedir permiso y bajo ese aspecto le estaban dando derechos. Los ubicó en la parte de incompetencia de la gestión”.
