Esta semana el pleno del Congreso aprobó en primera votación la inclusión de 2 representantes de universidades públicas y una de universidades privadas en el consejo directivo de la Sunedu. Para el representante de dicha institución, Daniel Navarro, el proyecto de ley es injustificado.
Navarro sostuvo que dicha iniciativa legislativa afecta a la ley 30220, ley de reforma universitaria. La modificación permitirá que los rectores tengan representantes en el ente encargado de supervisión, fiscalización, sanción y entrega de licencias, lo que afectaría directamente a la exigencia de calidad en educación superior universitaria.
Subrayó que existe un erróneo concepto de autonomía universitaria por parte de los legisladores, quienes buscarían que los rectores sean juez y parte. En cambio, indicó que la autonomía de las universidades es académica, de cátedra y participación, pero no de dejar de invertir en la mejora de la calidad educativa.
“Este proyecto de ley estaría estableciendo un trato diferenciado, injustificado, desfavorable para las universidades públicas y para las otras universidades privadas porque únicamente beneficia a las universidades sin fines de lucro, que solo son 11 de las 50 universidades denegadas”, dijo el especialista.
No descartó que la Sunedu recurra a la jurisprudencia para oponerse a una eventual aprobación por parte del Congreso en segunda votación.
