Marco Antonio Medina Falen denunció ser víctima de delito de usurpación agravada sindicando de ello a Juana Beatriz Vargas Bernuy, decana del Colegio de Arquitectos de Tacna, de quien además afirmó deberá afrontar juicio oral por dicho tema el 18 de mayo de 2022 a las 9:30 a. m. en la sala de audiencias del Primer Juzgado Unipersonal. Tal citación también incluye al ciudadano Daniel Corzo Ramos.
El entrevistado aseguró que en 2014 compró el lote 4, colindante a su casa en pasaje Girón, distrito de Pocollay, pero -según denunció- repentinamente apareció la arquitecta Vargas y valiéndose de documentación falsa se adueñó del predio para luego iniciar la construcción de una vivienda en el lugar.
“Yo hice la compra de este terreno en el año 2014 y se me dijo que se le había vendido a la señora decana del colegio de arquitectos en el año 2008 y entonces en consecuencia yo había quedado deslegitimado, pero el Ministerio Público ha demostrado de que este contrato es falseado”, afirmó Medina.
Según el denunciante, mediante informe pericial derivado de un primer juicio con la demandada se determinó que “el documento (contrato) fue redactado a partir del año 2016 hacia adelante” y no en 2008, siendo así, el contrato era “tan falso que, la persona que vendió (el terreno a la decana), el señor Eduardo Meneses Girón Avendaño, ha sido sentenciado a dos años de pena privativa de la libertad, sentencia consentida”, destacó.
Como consecuencia, Medina dijo que en octubre de 2020 “la Municipalidad de Pocollay expidió resoluciones que anula la constancia de posesión y anula la licencia provisional de construcción (de la decana) y se determina; déjese por agotada la vía administrativa” sin embargo “la señora sigue construyendo”, afirmó.
De tal manera que, instó a Vargas Bernuy a respetar la disposición que le impide seguir con la edificación de un inmueble.
“Ya se hizo el juicio correspondiente, ya apelaron y el juez está solicitando para la señora decana del colegio de arquitectos 6 años de pena privativa de la libertad, está solicitando la devolución de mi terreno y 200 mil soles de reparación civil”, afirmó Medina.
“Son cinco años que estoy en este proceso que nos afecta psicológicamente, moral y económicamente a mi esposa y a mí. Necesitamos justicia”, clamó.
Finalmente, Medina aseveró que envió numerosas cartas al burgomaestre de Pocollay, pero a la fecha este no dispone la paralización de la obra pese a que incluso “Contraloría le dice al alcalde: mediante el documento de referencia para que disponga las medidas que corresponda en el marco de su competencia”.
