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Moquegua: Ha llegado el momento de revisar contrato con Southern

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El gobernador regional de Moquegua, Zenón Cuevas, indicó en referencia al conflicto minero entre Southern y la comunidad campesina de Tumilaca  – Pocata – Coscore – Tala, que gestionará ante el Ministerio del Ambiente una auditoria ambiental pues se advierte afectación por eliminación de residuos de operación extractiva de metales.

“El conflicto que se ha presentado (…) ya data de mucho tiempo. La empresa no tiene una política empresarial adecuada respecto a las comunidades, respecto a los centros poblados o niveles de gobiernos ya sean locales, distrital, provincial y regional que están dentro del  ámbito de sus operaciones, recurren siempre a dilatar las cosas“, cuestionó.

La autoridad aseveró que la posición del Gobierno Regional de Moquegua es que Southern cumpla con las obligaciones pendientes y demandas de los comuneros que alegan usurpación de terreno ancestral para uso minero.

Cuevas recordó que en reciente programa de Cuarto Poder un funcionario de la empresa mostró con mapa en mano la concesión que el Estado le habría otorgado a Southern “y donde esta la laguna (Viña Blanca) parte puede ser la concesión, pero la otra parte son terrenos de la comunidad; entonces eso quiere decir que mira cuánto tiempo estaban usufructuando o aprovechando de esas tierras y nunca les comunicaron ni siquiera les quisieron reconocer a los comuneros“.

Traición

La comunidad campesina rechazó el acta firmada el viernes 18 de marzo en la primera sesión de la mesa de diálogo instalada por una comisión de alto nivel, que pretendía conciliar las diferencias entre los comuneros y la minera. El motivo del rechazo es la demanda de hábeas corpus presentada por la empresa. 

En entrevista para Radio Uno, el dirigente de los comuneros, Iván Mendoza, señaló que la asamblea de comuneros expresó su descontento debido a que, mientras se firmaba el acta el viernes 18 de marzo, a la misma hora eran notificados de una demanda de hábeas corpus de parte de Southern Peru contra la comunidad campesina. 

Para Cuevas, la actitud de la empresa amerita la revisión del contrato firmado con el Estado.

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