La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dispuso este miércoles que el Estado Peruano se abstenga de ejecutar el fallo del Tribunal Constitucional (TC), que otorgaba la libertad a Alberto Fujimori, como parte de garantizar el acceso a la justicia de las víctimas en los casos Barrios Altos y La Cantuta.
Al respecto, el presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Francisco Soberón, señaló que “esta es una decisión que estábamos esperando”, ante la decisión injusta tomada el 18 de marzo por la mayoría de magistrados del TC, y que la decisión del ente supranacional se originó debido a la solicitud de otorgamiento de medidas previsionales planteada por las familias de las víctimas.
“Es un jalón de orejas que le está dando la CIDH a los tres magistrados que tomaron esta decisión”, manifestó.
El 6 de abril se desarrollará la sesión donde los magistrados de la CIDH escucharán a las familias de las víctimas, así como a los abogados de las partes. Ese día también revisarán si la actuación del TC corresponde a lo dispuesto por la CIDH en 2018, según Soberón, quien adelantó que la Corte Interamericana podría anular la decisión del TC porque el reo Fujimori no pidió perdón a las víctimas ni ha pagado la reparación civil.
“No es que se desea que Fujimori muera en la cárcel, pero lo que no podemos aceptar es la manipulación e instrumentalización política de un indulto que dio Kuczynski, que fue una negociación bajo la mesa con Kenji Fujimori para que no lo vacaran”, anotó.
