Conversó con Radio Uno Gisela Ortiz, exministra de Cultura y familiar de una de las víctimas del caso La Cantuta motivo por el cual Alberto Fujimori fue sentenciado a 25 años de cárcel, pero que el Tribunal Constitucional (TC) decidió otorgarle el indulto anulado.
«Como país debería darnos vergüenza que sean los tribunales internacionales de protección a los derechos humanos quienes recuerden siempre al Estado peruano la obligación que tiene de garantizar derechos y que lamentablemente las instituciones del país en este caso el Tribunal Constitucional no razonen en función al derecho de las víctima si no siempre buscando la manera de beneficiar a los condenados por delitos graves», comentó sobre el fallo del TC.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fijó para mañana viernes 1 de abril a las 2:00 p.m. (1:00 p.m. hora de Costa Rica) la audiencia pública en la que se verán las medidas cautelares sobre el indulto al expresidente Alberto Fujimori.
El organismo citó a los representantes de las víctimas de los casos La Cantuta y Barrios Altos, así como al Estado Peruano. Ante ello, Ortiz refirió que en realidad la audiencia fue fijada con mucha prontitud y se tendrá una hora y media «para que por primera vez el Estado nos defienda», expresó.
«Es una audiencia importante porque los magistrados de la Corte deben conocer cual es el peligro que existe con la decisión del TC de arrebatarnos la justicia», mencionó a la vez de referir que espera un llamamiento de atención sobre el indulto irregular y el peligro de estar expuestos a instituciones que no razonan en favor de las víctimas.
Destacó que, las condiciones para la excarcelación de Alberto Fujimori “están establecidas en los requisitos para las gracias presidenciales”, pautas que -en su opinión- no se cumplieron en el indulto otorgado por Pedro Pablo Kuczynski en diciembre de 2017 por ello comentó tener la «esperanza de que la Corte pueda emitir un fallo contundente y el Estado lo implemente como corresponde»,
