Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal, cuestionó que el presidente Pedro Castillo ordenara inamovilidad ciudadana para este 5 de abril en Lima y Callao. Para el jurista, tal disposición es desproporcionada y carece de justificación.
«Esas facultades constitucionales del Ejecutivo no pueden terminar atropellando los derechos fundamentales de la gente. No puedes tú para supuestamente resolver y dar tranquilidad a las personas vulnerar sus derechos fundamentales como su derecho a la libertad, al libre tránsito, su derecho al trabajo, a la salud», expresó.
Rivera refirió que si bien la situación de ayer (4 de marzo) que no era prevista por el Gobierno y palastros policiales, «no puede motivar una decisión tan extrema y tan limitativa de los derechos fundamentales de la gente como si fuera la última decisión que puedes tomar (…) porque si se trata de impedir la protesta de un grupo reducido de persona eso no puede justificar encerrar a millones de personas«.
De tal manera que, el estado de emergencia «no resiste un análisis constitucional por la irracionalidad y la falta de motivación de una circunstancias como esa y porque es una medida fuera de proporción». Además que, «por la circunstancias de ayer parece que todos han entrado en una situación, y sobre todo el presidente, de pánico y por eso toman una decisión sin precedente alguno más allá de la pandemia que estaba justificado».
Para el abogado, la medida tomada por Castillo es sumamente peligrosa «porque pareciera que hay una predisposición del Ejecutivo al limitar derechos fundamentales como primera decisión y eso sí termina siendo un muy mal mensaje a la ciudadanía y a la propia institucionalidad democrática de un país y sobre eso el presidente tiene que rendir cuentas».
Lima y Callao con inmovilización social este martes 5 de abril
