Con la participación de 51 ciudadanos, la Contraloría General de la República realizó en la provincia de Jorge Basadre la segunda audiencia pública virtual “La Contraloría te escucha”, en donde pobladores de los distritos Ilabaya, Ite y Locumba presentaron sus alertas respecto a presuntos casos de corrupción y el mal uso de bienes y servicios públicos.
Los ciudadanos alertaron que la obra de mejoramiento de la avenida Jorge Basadre, ubicada en el cercado de la ciudad de Tacna, que se inició en mayo y se tenía previsto ejecutar en 75 días, pero que a la fecha aún no ha concluido pese a haber transcurrido 10 meses. En tanto, se denunció que en el anexo Piedra Blanca del distrito Calana se ejecuta un proyecto con insuficiente presupuesto por lo cual cuestionaron el tipo de materiales que se utilizan para la edificación.
Asimismo, se informó que en los centros de salud del distrito Pocollay y Metropolitano permanecen equipos médicos que no se utilizan, a pesar de que habrían sido adquiridos en el marco de proyectos de inversión pública que incluían el mantenimiento de los mismos.
Durante la Audiencia Pública el Gerente Regional de Control de Tacna, Jartlen Choqueneyra, informó sobre los servicios de control realizados en la región Tacna desde el 2020 a la fecha, periodo en el que se emitieron 886 servicios de control, de los cuales hay 87 visitas de control, 185 informes de control concurrente, 353 orientaciones de oficio, y 255 servicios de control posterior.
A su turno, el jefe del Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre Grohmann destacó la auditoría de cumplimiento que permitió detectar un perjuicio económico de S/ 360 612.72 por la inutilidad de un expediente técnico elaborado para la construcción de un centro de salud en una zona identificada como vulnerable a inundaciones.
Además de ello las visitas de control a 23 proyectos de renovación de bocatoma, desarenadores de lodo y canales de riesgo en el distrito Locumba, en los cuales se advirtió la valorización de trabajos inconclusos y no ejecutados, paralización de labores, entre otros riesgos.
Los ciudadanos que presentaron sus alertas recibirán en un plazo máximo de 30 días hábiles una respuesta por parte de la Contraloría, en la cual se informará sobre la admisibilidad de su denuncia.
