En lo que va del 2022 han sido registrados 74 ataques a periodistas y medios de comunicación, según la Oficina de los Derechos Humanos de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP).
Los primeros meses del 2022 el Perú ha sufrido una escalada de la crisis política y social que se manifiesta en un incremento exponencial de medidas de fuerza, entre ellas protestas de diferentes sectores de la población. Asimismo, la relación entre medios y los diferentes espacios de poder se ha vuelto más tensa.
En ese contexto, el ataque de mayor incidencia registrado es la amenaza y hostigamiento, con 26 casos denunciados. Le siguen las agresiones físicas y verbales (22), las trabas de acceso a la información (9) y las intimidaciones judiciales (7).
También han sido registrados discursos estigmatizantes (4) y robos (2). Las afectaciones laborales, ciberataques y detenciones alcanzaron una incidencia cada una.
Asimismo, sobresale una amenaza legislativa: el proyecto de ley que busca fortalecer los procesos especiales por colaboración eficaz, que penaliza a quien difunda información referente a los mismos. En su momento, la ANP se refirió al mismo señalando que “tiene un impacto negativo en los procesos de investigación fiscal por crimen organizado, afectando, principalmente, casos emblemáticos de corrupción en los que el periodismo ha sido esencial para revelar hechos irregulares y visibilizar ante la colectividad declaraciones de interés público”.
Los principales agresores han sido los civiles (43), seguidos por funcionaros (13), agentes de seguridad (12), elementos no identificados (6) y 1 empleador.
Asimismo, las/los periodistas atacados provenían en su mayoría de medios digitales (29), trabajadores/as de televisión (21), radio (12) y prensa escrita (12). Entre las víctimas, figuran 41 periodistas hombres y 14 mujeres; mientras, 19 medios de comunicación sufrieron algún tipo de ataque.
La provincia dónde se han producido el mayor número de vulneraciones al ejercicio informativo ha sido Lima con 37 de los 74 ataques, seguida por Ica, con 9 incidencias que fueron registradas entre el 4 y 6 de abril, fechas de convulsión social en esta provincia.
Abancay, Melgar y Uchiza tienen 3 casos registrados cada una. Asimismo, Alto Amazonas, Callao, Piura y Coronel Portillo tienen 2 incidencias ocurridas en sus territorios.
EN LIMA Y REGIONES
El año inició con ocurrencias de hostigamiento fiscal y judicial a periodistas. El 8 de enero fue allanada la casa del periodista Pedro Salinas en Cañete por la Fiscalía Anticorrupción en un acto que ha sido calificado de excesivo. Dos días después el periodista Christopher Acosta fue sentenciado por el 30 Juzgado Penal Liquidador de la Corte Superior de Justicia de Lima a dos años de prisión suspendida y el pago solidario de una reparación civil de 400 mil soles.
El reportero del portal web de noticias 360 Grados, Isaac Vilca Tamayo, fue agredido por el capataz Dennis Laura Llauca, de la empresa Alarcón Constructores EIRL, contratado por la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado para ejecutar una obra en Cerro Viejo en Arequipa el 28 de enero.
El 31 de enero el primer programa de “Investiga Live”, a cargo del equipo periodístico del portal web de noticias Investiga.pe, fue impedido de salir al aire por orden directa del administrador de Stereo Diplomat Radio 92.1 FM, en Trujillo luego que los propietarios del medio se enteraran que iban a entrevistar a una persona que les es crítica.
A inicios de febrero, el equipo periodístico del portal de noticias en redes sociales Prensa Callao TV, conformado por los periodistas Anthony Rodríguez Rumiche y Jhonatan Montoya Hurtado, recibieron amenazas luego de difundir audios que evidenciarían tráfico de influencias al interior del Fondo Municipal de Inversiones del Callao – FINVER Callao S.A.
El 9 de febrero la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, mandó a perseguir a un fotoperiodista del semanario crítico Hildebrandt en sus Trece por hacer registro de reunión confidencial para tratar temas públicos, en la que participaron congresistas opositores al presidente Pedro Castillo.
Periodistas de Radio Cutivalú y Diario Correo fueron impedidos de cubrir una conferencia de prensa organizada por el gobernador regional de Piura, Servando García Correa, por orden directa del mismo.
El 8 de marzo, mientras el Congreso debatía el voto de confianza al Gabinete Torres, simpatizantes de Perú Libre agredieron a periodistas de Latina, Diario Uno, Caretas y La República.
Los periodistas Hugo Pineda, César Arela y Edson Ccasa fueron agredidos por transportistas mientras cubrían las incidencias de su protesta en las inmediaciones de la Asociación de Transportistas de Ayaviri – Melgar (ASTRAM) en la zona norte de la ciudad de Ayaviri, provincia Melgar.
El 31 de marzo el periodista César Valeriano Mamani, reportero de Radio Carabaya, fue agredido por dos integrantes de rondas campesinas durante la cobertura de una protesta en el distrito Macusani, provincia Carabaya (región Puno).
Los periodistas Teobaldo Meléndez Fachín y Maricruz Torrejón Pérez conductores del programa Total Noticias – Primera edición, emitido a través de RTV Total, fueron querellados por la fiscal Celia Llesenia Delmar Pezo, quien los acusa de difamación agravada por cuestionar el archivamiento de casos de violación sexual a menores de edad en Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas (Región Loreto).
El 4 de abril la Oficina de Derechos Humanos de la ANP registró ataques a 8 periodistas en Ica, Lima y Pucallpa, en el contexto del paro de transportistas. Al día siguiente, registró 2 ataques en Lima durante la presentación del presidente en el Congreso, y el 6 de abril registró otros 3 por vándalos infiltrados en las protestas en Ica.
El 21 de abril en la noche la periodista Linda Ketty Vela Ruiz, de Radio San Juan y TV Cable Más; el periodista César Paredes Gatica, de Radio Concierto y Tocache TV; y Abel Merlín Gonzales Vargas, de Radio Tv Alto Huallaga, fueron hostigados en los exteriores de sus domicilios luego que emitieran cuestionamientos al paro convocado en Tocache, provincia Uchiza (región San Martín).
El periodista Raúl Cabrera Ramos, corresponsal en Cusco del diario La República, enviado especial a Chalhuahuacho para cubrir el conflicto social por el proyecto minero Las Bambas, fue detenido mientras cubría la represión a manifestantes en Nueva Fuerabamba, Cotabambas (región Apurímac).
Los días 22 de febrero, 25 de febrero, 28 de febrero, 21 de marzo, 4 de abril y 25 de abril, a raíz de la colocación de cordones policiales, los equipos periodísticos de diferentes medios fueron impedidos de tomar declaraciones al presidente Pedro Castillo y se les limitó el acceso a determinados lugares en los que se encontraba el primer mandatario.
Asimismo, el grupo radical de derecha extrema autodenominado “La Resistencia” ha atacado en 4 oportunidades a periodistas y medios que son discrepantes de las posturas ideológicas que comparten.
