La Contraloría envió un informe al Congreso en el que advierte que la vicepresidenta Dina Boluarte habría incurrido en una infracción constitucional al ocupar cargos de carácter privado que son incompatibles con su función pública. Se detalla en principio que Boluarte no informó en su declaración jurada de intereses que ocupaba los puestos de presidenta del consejo directivo del Club Departamental de Apurímac y de primera vicepresidenta en la Asociación de Clubes Departamentales del Perú.
Para el analista político, Julio Schiappa, «no hay argumento para que se intente tumbar a la vicepresidenta Dina Boluarte» debido a que «ella abandona el cargo el 29 de julio cuando es elegida con Pedro Castillo con 8 millones 500 mil votos y que sus acusadores o son de abogados de estudios caros que trabajan en la comisión de constitución o son congresistas como la señora Yarrow que no tuvo ni 9 mil votos igual que la señora Chirinos».
Además que, llama la atención que se quiera usar la presencia de un club departamental para toda la acusación constitucional y «esto muestra mala intención y no es democrático». Siendo así que, el informe de Contraloría es preliminar sin acusaciones y sin embargo «con la carta que la manda el gerente que a propósito es un conocido fujimorista la envía al parlamento con ya el pedido de la acusación Constitucional. Lo que ha dicho Contraloría en ese informe es muy relativo», agregó.
