Luz Huancapaza, presidenta de la Comisión de Fiscalización del Consejo Regional, manifestó que ha solicitado al gobernador Juan Tonconi y el gerente regional Luis Valdivia que remitan por escrito las acciones que han tomado frente al tema de recuperación de tierras del Estado en La Yarada- Los Palos, en la cual habría presuntas irregularidades por trabas en su proceso, según denunció la exprocuradora Ad Hoc, Cristina Paco.
“En todo el tiempo que he estado en el Consejo Regional, el gobernador siempre ha mentido (…), bajo este conocimiento siempre solicito documentación. Ya no hay confianza con el gobernador regional al igual que con su gerente regional”, expresó la consejera Huancapaza.
Refirió que ambos funcionarios tienen 5 días para responder, caso contrario los citarán y luego emitirán un informe el cual será alcanzado al Ministerio Público, la Contraloría y al Proceso Administrativo Disciplinario, considerando que este es el segundo reiterativo que realiza la comisión.
Asimismo, indicó que solicitó documentación a la exprocuradora Ad Hoc, Cristina Paco, sobre las denuncias hechas en cuanto al tema del desalojo de terrenos en La Yarada – Los Palos, los trabajadores fantasmas en la Procuraduría y otros temas, los cuales están en proceso investigatorio.
Aseveró que convocarán a una sesión de la comisión a los funcionarios y otros involucrados en las denuncias de Paco para que respondan al respecto.
ESTACIÓN FERROVIARIA
De otro lado, Huancapaza cuestionó que sesión extraordinaria autoconvocada, el Consejo Regional no haya aprobado el informe final sobre la presunta responsabilidad de funciones del gerente de Desarrollo Económico del GRT, Gonzalo Arias, al no remitir información al Consejo sobre la situación legal de trabajadores que realizaron mantenimiento a la línea férrea de Tacna y Arica, los cuales cuentan con un proceso que les impide ingresar a territorio chileno.
La consejera aseguró que este informe estaba bien sustentado pero decidieron bajarlo nuevamente a la Comisión sin fundamento, por ello deslizó que «algunos consejeros estarían protegiendo a ciertos gerentes y directores».
El documento recomendaba presentar el informe final al Ministerio Público, a la Contraloría y al Ejecutivo Regional, para que se ahonde en la investigación y se realicen las acciones correspondientes.
