El caso «Protervos de Pocollay» motivó que Policía y Fiscalía Anticorrupción allanen cinco inmuebles de investigados en presuntos delitos de cohecho, colusión agravada, colusión simple y negociación incompatible en una obra vial ejecutada en la primera gestión de Luis Ayca Cuadros (2011-2014) vía convenio con Southern Peru Cooper Corporation (SPCC).
Según el fiscal Ludwing Flores, la casa del alcalde Ayca Cuadros fue la única que representó algunos problemas a la diligencia toda vez que fue necesario romper el candado ya que demoraron en atender la orden judicial. Superado esto, la autoridad brindó facilidades, aclaró.
Viviendas son allanadas en investigación a alcalde Luis Ayca y otros
El fiscal Ludwing Flores precisó que el accionar de este 10 de junio “es para recabar documentación original que debería obrar en el acervo de la municipalidad de Pocollay” que como se recuerda en noviembre de 2020 fue allanada en busca de información, pero Fiscalía advirtió la desaparición de documentos siendo que, ahora Fiscalía habría encontrado material para solicitar incluso medidas restrictivas toda vez que, el fiscal calificó de “fructífero” el despliegue en viviendas, entre ellas la casa del actual alcalde Luis Ayca quien además postula al municipio provincial de Tacna por el movimiento político FE.
“(El caso) ya viene desde 2019, con la pandemia se corta, pero está en el marco de la ley de crimen organizado que nos da 3 años, no vamos a esperar eso porque con esta documentación seguramente el Ministerio Público ya está propenso de lo que determinemos a requerir, algunas medidas reales y personales inclusive”.
Según el Ministerio Público, «Los Protervos de Pocollay» cometieron irregularidades en la licitación, suscripción, ejecución y liquidación de la obra “Mejoramiento de la infraestructura vial de la Urb. Villa Las Flores, calle Los Álamos, Av. Celestino Vargas tramo Pje. Peañas – Limite Calana, calle F, calle D, av. Artesanal A, C, D y E, av. Luis Banchero Rossi, Av. Artesanal 01, 02 y 03 del Distrito de Pocollay”.
“El perjuicio lo están viviendo ahora porque si bien las obras por impuestos son pagadas por la municipalidad eso luego son descontados de los impuestos a la municipalidad de Pocollay y al día de hoy eso se ha ejecutado. Sí es pasible de delitos contra la administración pública porque la empresa para certificar el avance de obra o descuento tiene que pasar por la venia de los funcionarios de Pocollay que tienen que verificar como área usuaria que la obra se haya realizado conforme a todo lo estipulado es ahí donde se habría incurrido en irregularidades, es mas desde la misma licitación», enfatizó.
También Southern y Contraloría
El fiscal mencionó que la investigación preliminar también alcanza a la empresa minera SPCC y exfuncionarios de Contraloría.
Explicó que Southern es la empresa que ha ejecutado esta modalidad de obras por impuestos en 2014 y es la que presenta a la empresa ejecutora de las obras y las supervisora entonces “tenemos como diagnostico algunas irregularidades detectadas por la Contraloría que nos permite sostener que habría colusión en licitación y ejecución” siendo esta “una investigación macro porque incluye a la primera gestión de Luis Ayca Cuadros, la gestión de Leopoldo Loli (en cárcel con condena de 8 años, desde 2016 por cobro de coima) y sus funcionarios respectivos, consejeros distritales de la gestión Ayca (2011 – 2014) representantes, funcionarios de Southern y de las dos empresa consorciadas”.
Al ser consultado sobre la implicancia de SPCC si solo habría presentado una propuesta de empresas sujetas a decisión del beneficiado que en este caso el municipio de Pocollay. El fiscal manifestó que «el beneficio económico también es para la empresa (SPCC). A las empresas supervisoras se les paga, pero quien realmente luego decide o recibe el beneficio económico es la empresa (SPCC), la presunción es que la empresa (SPCC) también sabía de estas irregularidades y aun así ha recibido», expresó.
En cuanto a Contraloría, precisó que «la investigación repercutirá en exfuncionarios de quienes tenemos indicios que no habrían realizado debidamente un control posterior como se realizó por ejemplo en el hospital, y tenemos que determinar por qué no se hizo dicha evaluación».
El fiscal aclaró que, son más de 12 los investigados de los cuales 5 fueron objeto de allanamiento domiciliario, diligencia que ameritó la notificación del resto de implicados al ya no ser reservada dicha acción. El perjuicio económico que calcula Fiscalía supera los 38 millones de soles.
Entre algunas irregularidades detectadas figuran demora en la presentación del expediente técnico que Southern Peru debió entregar el 7 de agosto de 2014, pero remitió el mismo recién el 27 de agosto del mismo año, «20 días de retraso, correspondiendo aplicar penalidades por incumplimiento del plazo contractual. Hecho que justifica iniciar investigación preliminar a fin de corroborar posible conducta delictiva en Luis Ayca Cuadros (alcalde de Pocollay) y Óscar González Rocha (presidente ejecutivo de SPCC)», se lee en documento fiscal al cual Radio Uno tuvo.
