Pese al rechazo inminente que se percibe en la atmósfera de la sociedad chilena, japonesa y peruana contra el ex presidente Alberto Fujimori, este siniestro personaje cuenta con peso político y económico ligado a la corrupción de intereses particulares logrados durante los diez años de gobierno dictatorial que vivió nuestro país bajo su mando.
Así lo dio a conocer Francisco Soberón director de la Asociación Pro Derechos Humanos APRODEH, señalando que tanto la institución a su cargo como los familiares de las víctimas del régimen fujimorista, son concientes que hay lógica en las actuaciones políticas que inciden en este proceso de extradición , teniendo una clara y certera idea que estas fuerzas están interviniendo en especial los sectores empresariales de Chile que fueron favorecidos por el prófugo de la justicia peruana para iniciar inversiones en nuestra patria; lo que fue plasmado en la instalación de grandes megacentros comerciales, empresas de aerolíneas, de transporte y marítimas en el Perú a manos de capitales chilenos quienes se convirtieron en aliados de Fujimori en los años 90.
Mencionó que este apoyo parte también desde el Japón donde las fuerzas políticas de ese país lo han protegido sucesivas veces, encubriendo al ex presidente peruano quien se ampara en su nacionalidad japonesa sin dejar de lado que un número importante de fuerzas políticas en el Perú no tienen el más mínimo interés en lograr su extradición debido a que pesa en su pasado una serie de compromisos ligados a violaciones graves de derechos humanos; como es el caso de la primera administración gubernamental del mandatario Alan García Pérez quien a toda costa viene defendiendo solapadamente la causa de Fujimori.
"Hay que ser concientes de estos hechos que están presentes y por tanto la necesidad de vigilar , de exigir, de demandar que las resoluciones de la Corte Suprema ( de Chile) se ajusten a derecho, es decir que con independencia de autonomía valoren los indicios razonables que hay en los expedientes; para lograr la extradición. Y que no se convierta la resolución en un convalidar, tal como lo que ha hecho el magistrado Orlando Álvarez que de un magistrado instructor se convirtió en un magistrado sentenciador pretendiendo absolver a fujimori de sus responsabilidades", inquirió Francisco Soberón , recalcando que para emitir un juicio tiene que darse la equidad participativa en el proceso donde las partes interesadas, familiares de las víctimas y su defensa , además del inculpado y su defensa; estén presente en el asunto.
De otro lado, fue tajante en señalar que no sólo los cuadernillos de extradición dan sustento y soporte técnico a la obligación de estado chileno para proceder a la extradición de Alberto Fujimori, sino que a ello se suma también varios documentos internacionales presentados por organismos respetados por Amnistía Internacional, la Comisión Internacional de Juristas de Ginebra, la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad George Washington, quienes han fundamentado suficientemente, incluyendo además la sentencia de la Corte Interamericana de San José de Costa Rica y el reciente documento correspondiente a la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle "La Cantuta" ; donde plantea la obligación de los estados de juzgar y de colaborar por todos los medios diplomáticos para que la impunidad no se consagre ni en el Perú, ni en Chile y ni en América Latina.
Sentando la posición de Chile que se complica a medida que retraza la entrega de los resultados en el proceso de extradición de Fujimori y que está a la vista de los ojos de la comunidad internacional, el representante de APRODEH dijo que un país que quiere ser vitrina del mundo en términos de democracia de derechos humanos no puede convalidar la impunidad; ya que de no otorgar la extradición, indudablemente deteriora su imagen internacional más aún cuando la nación mapocha está aspirando a ser miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
"Los estados miembros de las Naciones Unidas tendrán que evaluar si dan o no su respaldo a Chile, dependiendo de cómo actúa como estado frente al tema de la extradición de Fujimori… si es capaz de juzgarlo", sentenció.
Haciendo hincapié en el papel que viene desempeñando el gobierno aprista con respecto a este tema, refirió que es de conocimiento que la Presidencia del Consejo de Ministros, a cargo de Jorge del Castillo , tiene importantes documentos ( desde hace dos meses) para ser enviados a Chile y que hasta el momento por cuestiones políticas y de alianza con los representantes de fujimori en el país no han sido derivadas a la Corte Suprema del vecino país del sur.
Ese es el caso de Castro Castro – Operación Mundanza- donde hay una sentencia de la Corte Interamericana que contempla un proceso abierto en la justicia ordinaria contra el prófugo de la justicia peruana por su coautoría en la operación mudanza que produjo alrededor de 40 muertos en una prisión que estaba bajo control del estado peruano.
"Eso es una negligencia por parte del gobierno central quien no actúa para garantizar el proceso de extradición , pues existiendo nuevos expedientes a ser introducidos en este proceso, se debe proceder con lo que urge oportunamente y no esperar que de darse la negativa de la extradición de Fujimori, este personaje tenga la cancha libre para volver al Japón, porque eso es lo único que le queda, ya que el mandato de detención sigue vigente en más de 180 países en manos de INTERPOL , debido a un requerimiento de la justicia peruana", señaló finalmente el defensor de los derecho humanos en nuestro país, Francisco Soberón.
