Como "improcedente" determinó hoy el juez de Garantía, Guillermo Rodríguez la petición de reabrir la investigación del Ministerio Público por fraude al Fisco en contra del alcalde de Arica Carlos Valcarce (RN) por estafa contra el concesionario Alfredo Navarrete Gutiérrez y su representante legal Carlos Herrera Guerra, a raíz del pago irregular de 93 millones de pesos por obras que no se hicieron o que se pagaron con sobreprecio.
El magistrado rechazó la solicitud del defensor privado, Esteban Basaure, que representa al contratista y al representante legal acusados de estafa. La idea del abogado era conseguir más plazo para presentar nuevos peritajes que validaran el uso del factoring como forma de pago para estas obras contratadas y exculpar a sus defendidos.
Argumento que fue cuestionado por el fiscal Carlos Eltit, quien señaló que las diligencias estaban todas agotadas y que la reapertura sólo constituía una "maniobra dilatoria".
La resolución judicial bloqueó también el aplazamiento de la inhabilidad para ejercer el cargo que le afectará a Valcarce mientras dure el proceso judicial. Si bien el lunes la Fiscalía del Ministerio Público había presentado la acusación en contra del jefe comunal y con ello inmediatamente procedía el cese de sus funciones, un recurso de última hora presentado por Basaure para reabrir el proceso, provocó que la presentación de la Fiscalía quedara paralizada hasta hoy en que finalmente fue tramitada.
Ahora con Valcarce inhabilitado para ejercer el cargo, a raíz de que el Ministerio pidió que se le aplique una pena aflictiva, en su reemplazo deberá asumir el administrador municipal Nixon Hip como alcalde subrogante por los próximos 45 días, el cual es funcionario de confianza del edil. Si el juicio oral no se efectúa en este lapso, un concejal deberá ser elegido como alcalde suplente.
El jefe comunal puso en duda la aplicación inmediata de la inhabilidad. Es más, planteó que "cuando llegue mañana yo asumiré el cargo porque soy el alcalde. Así lo dicen varios informes jurídicos que tenemos a la mano, por lo que no dejaré el cargo hasta que haya un resolución judicial que así me lo indique".
Al mismo tiempo, criticó al fiscal regional de la I Región de Chule, Claudio Roe, señalando que "no me da ninguna confianza, más aún que ahora sabemos que está postulando al cargo de fiscal nacional. Obviamente que perseguir a un alcalde, puede reportarle notoriedad pública y favorecerle en el proceso en que está participando".
La acusación de la Fiscalía declara ilegal el pago de 93 millones de pesos a través de un factoring al contratista Alfredo Navarrete. En los peritajes realizados a cuatro contratos de aseo de playas y ornato del concesionario, detectó obras con sobreprecio, otras que no se hicieron, y horas extras en exceso.
Paralelamente, el Ministerio Público chileno requirió una condena de 3 años y 1 día de presidio para el alcalde, su inhabilitación especial perpetua para el cargo, además de una multa del 50 por ciento del perjuicio ocasionado al patrimonio municipal. En los casos del concesionario y su representante legal, la Fiscalía solicitó la misma pena de presidio, además de una multa de 30 UTM, y la inhabilitación para ejercer cargos públicos mientras dure la condena.
