Los pobladores de las provincias de Ayabaca y Huancabamba temen que el Gobierno Central militarice la zona, con la finalidad de amedrentar a las bases locales e impedir la consulta popular que se ha programado para el próximo 16 de setiembre, a través de la cual los pobladores opinarán sobre la implementación del Proyecto Río Blanco en la sierra fronteriza de Piura.
En contacto con Radio Uno, Julio Vásquez, periodista de Radio Cutibalú, informó que ayer la Policía Nacional ha solicitado a uno de los principales dirigentes, Magdiel Carrión Pintado, el ingreso libre de un convoy de militares a Ayabaca, con la excusa de revisar los hitos de la extrema frontera norte de la región.
"En vista a la coincidencia con la consulta popular, las comunidades lo han catalogado como un amedrentamiento, lo que se teme es una militarización en la zona", dijo Vásquez.
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Hay una directa negación del Gobierno Central a todo tipo de manifestación en contra de la Minera Majaz y su proyecto Río Blanco. En un pronunciamiento emitido ayer por el presidente Alan García en el que esgrimió fuertes calificativos contra los pobladores, con su ya característico tono irónico, prepotente y despectivo.
Dijo que no tiene ningún sentido que un grupo de personas se reúna para realizar una consulta y pretendan que lo que decidan se haga ley. "¿Qué es eso, la ley del más fuerte, del que se agrupa?", se preguntó.
"Pretenden hacer un alboroto y que se les obedezca. Yo no voy a obedecer eso, a mí me han elegido para pensar por todo el país… algunos agitadores comunistas de viejo estilo aún creen en el Estado propietario y que el capitalismo sigue siendo el enemigo de los pobres", señaló el mandatario.
"Antes eran rojos hoy son verdes porque por ahí se ha ido el subsidio internacional de las organizaciones no gubernamentales (ONG) para pagar a sus expertos y agitadores", dijo.
Adicionalmente a estas declaraciones, instituciones públicas como la Dirección Regional de Educación de Piura y la Policía Nacional se han excluido de participar en la consulta vecinal, negando el uso de las instituciones educativas locales como centros de votación y negando la seguridad en los recintos.
Por tal motivo, los comicios se realizarán en lugares públicos como plazas, centros comunales, juntas vecinales y comedores populares, mientras que la seguridad será garantizada por las rondas campesinas.
La población en de las tres localidades afectadas por la futura explotación de cobre -Ayabaca, Pacaipampa y Carmen de la Frontera- se oponen a la misma por dos principales motivos.
El primero; Majaz ha ocupado un área que pertenece a los comuneros sin pedirles permiso, argumentando la previa coordinación con seudo representantes de los propietarios, con quienes acordó por medio de dádivas y prebendas.
Los afectados -apoyados en un informe de la Defensoría del Pueblo, han planteado un juicio a la empresa minera por usurpación de tierras, en busca de determinar la ilegalidad de la explotación.
El Segundo, el Proyecto Río Blanco pondría en grave peligro no sólo la economía de los pobladores, al afectar la agricultura que es su principal sostén; sino que desabastecería de agua a toda la cuenca, al producir un desequilibrio en el delicado sistema de páramos y bosques nublados que generan el acuífero de toda la cuenca.
A la fecha, las carreteras no se encuentran bloqueadas, pero existen piquetes de revisión de personas, con la finalidad de evitar el ingreso de infiltrados foráneos que busquen agitar los ánimos en los comicios y crear desorden y violencia.
Lo más lamentable es el saldo mortal dos personas, dejado por los enfrentamientos que han tenido la PNP –quien en todo momento actúa como una subcontratada de vigilancia privada de Majaz- y la población.
