El abogado del Instituto de Defensa Legal, Carlos Rivera, indicó que «el avance de una situación legal que ha ido sometiendo al presidente a cinco investigaciones en Fiscalía es inédito y lamentable» evidenciando que «Castillo es finalmente más de lo mismo a lo cual se debe agregar su incompetencia para el cargo».
«La circunstancia con las detenciones preliminares del alcalde de Anguía, empresarios Espino y su cuñada Yenifer Paredes, ha llevado a este despelote en su relación con su defensa«, comentó el letrado en relación a los anuncios de Benji Espinoza quien en cuestión de horas renunció y regresó a la defensa del mandatario mientras el país se enteraba que la cuñada de Castillo se entregaba a Fiscalía para investigaciones por presunto tráfico de influencias.
«Hemos visto un Castillo que durante un año ha tenido serios problemas (…) pero ha permanecido lo más impasible, pero ocurre lo de su hija-cuñada y hay pronunciamientos, parece que ese tema sí le interesa», comentó en relación al mensaje dado por el presidente el 10 de agosto.
Para el abogado «el destino político del presidente pasará por la salida que esta gestando Fiscalía no sé si conscientemente, pero sí como parte de estrategia legal por hallazgo de evidencia suficiente de relevancia penal».
«El momento en el que Pablo Sánchez determina la continuación de una investigación abre posibilidades que avanzan en el sentido de que Pedro Castillo sospecha que habrá pedido de restricciones respecto de su persona y del ejercicio de su mandato«, destacó a modo de augurar que la situación legal del presidente se agudice aún más.
«Hay una circunstancia legal que se tiene que superar. El presidente está sindicado de ser la cabeza de una organización criminal, pero a eso hay que sumar un conjunto de hechos encaminados a entorpecer las investigaciones». Y «si eres una persona investigada te puedes quedar callado porque es parte de tu derecho (…) pero siendo el investigado el presidente hay una responsabilidad moral y ética porque lo acusan de haberse valido del cargo para crímenes de corrupción de funcionarios», sentenció.
